La propuesta del departamento que encabeza Óscar López se distribuye en los cuatro años, aunque el porcentaje no puede ser superior al 4% para los años 2025 y 2026 porque se entiende que se superaría el techo de gasto; permanecería recaudar el 6% restante en 2027 y 2028. La Función Pública propone que los salarios puedan aumentar en mayor medida en 2027, ya que entiende que los precios se desacelerarán.

El gremio liderado por Miguel Borra asegura que la oferta es insuficiente, teniendo en cuenta que en 2024 el IPC cerró en 2,8 y hasta octubre la inflación se situó en 3,1%. Recuerde que los dos primeros años del acuerdo supondrían una pérdida para el poder adquisitivo de los empleados públicos «y por tanto no podemos aceptarlo». Afirma que desde 2022, fecha del anterior acuerdo pactado sólo con UGT y CC.OO., los salarios -dice CSIF- se han devaluado un 8% y desde 2010, cuando se produjo la caída salarial con los recortes de ese año, la pérdida se ha elevado hasta casi el 20%.

Huelga en diciembre

En la cuenta atrás para que las centrales convoquen una huelga general en diciembre, el Ministerio de Función Pública acordó en la última reunión que mantuvo con los sindicatos el día 11 negociar la mayoría de las reivindicaciones de los funcionarios, como eliminar progresivamente la tasa de reposición -poder contratar más allá de las jubilaciones-, limitar los exámenes a un año, un plan de choque para redimensionar la plantilla y optar por promoción interna. «Vamos en la dirección correcta. «Ha sido productivo, pero aún queda mucho por hacer para satisfacer las demandas de los empleados públicos, especialmente en el ámbito salarial, que se abordará el día 19», afirmó el centro que dirige Miguel Borra.

En esa reunión con las centrales, el Servicio Público se comprometió a diseñar un mecanismo de planificación de recursos humanos que sustituya progresivamente a los tasa de reemplazoque se basaría en previsiones de necesidades de personal en el sector público; un nuevo esquema que podría utilizarse para el cálculo y aprobación de futuras ofertas de empleo público. La condición que ha puesto CSIF es que se elimine por completo la tasa de reposición.

Procesos de selección más cortos

Junto con el establecimiento del nuevo mecanismo de planificación plurianual de empleo, el Ejecutivo, como también vienen pidiendo los sindicatos desde hace tiempo, se muestra abierto a una reducción de los plazos máximos para llevar a cabo los procesos de selección de personal. Actualmente estas duran más de dos años y lo hacen en un momento en el que se está produciendo un elevado volumen de jubilaciones, lo que deja a muchos servicios públicos cortos de empleados y afecta a la calidad de los servicios a los ciudadanos. Es el caso del SEPE o la Seguridad Social, organismos en los que conseguir un nombramiento es cuestión de mucha constancia.

Temporalidad abusiva

Todo este bloque de empleo tiene mucho que ver con reducir el alto nivel de precariedad del empleo público. El sindicato liderado por Miguel Borra ha hecho de la reducción de la temporalidad en la Administración una de sus banderas. El Ley de Estabilización comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea fija la tasa de temporalidad en el 8% en las diferentes administraciones españolas. Hoy esta tasa apenas se mueve, sigue estancada en torno al 30%, más del doble que la de las empresas privadas, razón, entre otras, por la que le ha costado a España un recorte de miles de millones de dólares en los fondos europeos.