Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, por un lado habría un Real Decreto con jubilaciones que podría validarse con el apoyo de casi todo el arco parlamentario, ya que partidos como Junts o PP están abiertos a apoyarlo.

También habría un segundo Real Decreto con moratoria de desahucios. Esto se sumaría a otras medidas que se han denominado «escudo social» y que comenzaron a aplicarse tras la invasión de Ucrania y la crisis inflacionaria que produjo.

Se trata del decreto más conflictivo desde los de Carlos Puigdemont y Alberto Núñez Feijóo Anunciaron que votarían en contra del decreto ómnibus para incluir esta medida que, en su opinión, protege a los okupas y perjudica a los pequeños propietarios de una o dos viviendas.

Ahora, hay negociaciones para proteger a los propietarios de una o dos viviendas cuando se produzcan impagos prolongados. Lo que nos permitiría obtener el apoyo de Junts, PNV y CC. En la negociación participan varias partes para validar los dos decretos.

Una cuadratura del círculo que esperan alcanzar en las próximas horas o días.

La primera opción sobre la mesa es llevar un decreto revisado al Consejo de Ministros este martes. Si las conversaciones no se materializan, el Gobierno todavía se reserva una segunda bala: retrasar la decisión al Consejo del día 10 para que se pueda pagar la subida a finales de febrero.

Más allá de las fechas, el verdadero debate gira en torno a la arquitectura del decreto. El Ejecutivo duda entre rehacer un texto único que aglutine todo el escudo social o fragmentarlo para separar la actualización de las pensiones de las medidas más conflictivas en materia de vivienda.

La dificultad es satisfacer a los socios más reticentes sin provocar una ruptura con la izquierda. Aunque estos grupos no descartan dividir el decreto, desconfían de aislar las medidas anti-desalojos si no hay certeza de que este segundo texto sea validado.

Para el Ejecutivo, la exclusión de determinados pequeños propietarios se perfila como una cláusula de seguridad capaz de suscitar el apoyo de ambas partes.

El año pasado, un bloqueo similar obligó a Moncloa a dividir un decreto social y económico en dos textos diferentes tras una agónica negociación que se prolongó hasta el propio Consejo de Ministros.

Junts acabó cediendo, se revalorizaron las pensiones y el PP acabó votando a favor. Ahora esperan repetir la misma operación.