El Consejo de Ministros aprueba este martes un Real Decreto que garantiza que el derecho a la salud en España es real y efectivo para todas las personas que viven en nuestro pais. Según confirman a laSexta fuentes del Ministerio de Sanidad, esta nueva norma cierra una «brecha abierta» en 2012, una brecha que ha durado 14 años y que ahora se acaba para miles de inmigrantes indocumentados.

En 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy redujo la universalidad de la sanidad pública y dejó a miles de personas fuera del sistema sanitario. En 2018, con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, se recuperó, aunque no del todo, ya que hubo trabas administrativas que generaron situaciones de exclusión.

La norma incluye la figura del declaración responsableun mecanismo que permite al solicitante declarar de forma sencilla que cumple con los requisitos para acceder al sistema de salud, algo que reduce trámites y facilita el reconocimiento del derecho.

este estándar garantizará la atención sanitaria desde el momento en que se soliciteque podrá recibirse desde el momento en que se presente la solicitud de reconocimiento del derecho.

La norma amplía las formas de acreditar que una persona vive en nuestro país y ya no dependerá exclusivamente del registro: También se podrán utilizar documentos de uso cotidiano como facturas de suministros, certificados de centros educativos, informes de trabajadores sociales o documentación consular.

Ahora bien, el paciente podrá iniciar esta solicitud en el propio centro de salud, incluso podrá iniciarla de oficio si la persona no está en condiciones de hacerlo. También se le dará Protección reforzada para grupos especialmente vulnerables.colectivos que no tendrán que acreditar estos requisitos, como menores de edad, mujeres embarazadas, solicitantes de protección internacional o víctimas de trata y violencia sexual.

«Sanidad no entiende de procedimientos«, defienden desde el Ministerio de Sanidad, explicando que esta norma convierte el derecho a la salud pública «en la opción por defecto» y evita que los pacientes dependan de procedimientos complejos o interpretaciones administrativas.

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