Así se recoge en una resolución fechada este miércoles, en la que el magistrado, sin embargo, reprocha duramente la falta de controles en el sector vitivinícola en ese aspecto.

Aunque reconoce que los trámites realizados —informes policiales, solicitudes de documentación a empresas, declaraciones de investigados, testimonios…— tampoco aportan pruebas sólidas de un delito.mostrar la existencia de un Falta de control administrativo y de supervisión por parte de todos los operadores del sector.«.

«Es decir, productores, entidades certificadoras y Administración Pública, lo que impide determinar con la seguridad necesaria que se exige en un proceso penal si se han comercializado vinos de calidad inferior a la clasificación indicada en la botella».

«Semejante relajación, interesado o noen la cadena de producción y la supervisión por parte de todos los operadores implicados en el sector, incluida la propia Administración Pública, parece haber propiciado Un sistema basado en un control meramente aparente o formal más que real.cuya sanción deberá operar, en su caso, en el ámbito administrativo y/o civil»,

A continuación, el juez cita uno de los motivos esgrimidos por la Fiscalía para solicitar el archivo de esta causa: «No podemos sostener una acusación grave basada en suposiciones por muy firmes que sean».

Por todo ello, la Audiencia Nacional acuerda poner los hechos en conocimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha «para los fines administrativos que correspondan.»

Esta causa se inició en abril de 2021 a raíz de una denuncia de la Fiscalía por delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental contra cuatro bodegas de Valdepeñas y sus administradores.

Se trata de los ya mencionados García Carrión y Félix Solís, además de bodegas Fernando Navarro y Fernando Castro. Para estos dos últimos, el sobreseimiento provisional ya se decretó en octubre de 2023. Ese mismo mes, Calama acordó dirigir el procedimiento contra las entidades certificadoras. Sohicert SA y Liec Agroalimentaria SLcomo cooperadores necesarios.

Tal y como expresa el juez en su resolución, tras realizar todas estas diligencias, «no se puede concluir que las irregularidades existentes en la actividad desarrollada por todos y cada uno de estos operadores del sector vitivinícola constituyan delitos de publicidad engañosa y estafa».

También descarta el fraude y el delito publicitario, al no estar demostrado que la actividad investigada «pueda causar un perjuicio grave y evidente a los consumidores».