El juez de los vuelos de El Salvador dice tener motivos para declarar al gobierno de Trump en desacato
El enfrentamiento de Donald Trump con el sistema de Justicia de Estados Unidos es una olla a presión y la tensión entre los dos poderes este miércoles se ha acercado un paso más al estallido. El juez federal James Boesberg, que el 15 de marzo instó sin éxito al gobierno del presidente republicano a que detuviera e hiciera regresar a EEUU vuelos que llevaron a centenares de migrantes a El Salvador, ha declarado que encuentra “causa probable” para declarar al gobierno en desacato.
En una decisión de 46 páginas, el magistrado no llega a hacer la acusación formal pero dice que el gobierno desdeñó voluntariamente su orden. Anuncia que está estudiando los próximos pasos que puede tomar y qué castigo podría imponer si el gobierno no “purga” ese probable desacato, algo que el magistrado sugiere que se podría hacer con opciones como retornar a EEUU a los migrantes que se enviaron a El Salvador sin respetar el debido proceso judicial que les habría permitido, por ejemplo, retar su “deportación”.
Boesberg da además al gobierno una semana de plazo para que le muestre o un remedio a sus acciones hasta ahora o información de cargos del gobierno, bajo juramento, sobre sus decisiones. También denuncia su actitud hasta ahora. “El tribunal les ha dado amplias oportunidades de rectificar o explicar sus acciones. Ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria”, ha escrito.
El caso
Este puede ser el caso que acabe metiendo a EEUU en el terreno desconocido de una plena crisis constitucional: qué pasará cuando un tribunal declare formalmente en desacato a Trump y su gobierno. Y Boesberg en su orden de este miércoles recuerda que “la Constitución no tolera la desobediencia voluntaria de órdenes judiciales, especialmente por cargos de una rama coordinada que han hecho un juramento de respetarla”.
En el centro de este caso están los vuelos que salieron de EEUU el 15 de marzo hacia El Salvador. En aquellos aviones, y amparándose en la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII que hasta ahora solo se había usado en tiempos de guerra, Trump expulsó a más de 200 venezolanos y salvadoreños. Los envió, vía Honduras, a El Salvador, donde ingresaron en Cecot, la polémica cárcel de máxima seguridad abierta por Nayib Bukele.
El gobierno estadounidense ha acusado a esos migrantes de pertenecer a bandas violentas como Tren De Aragua o MS-13, que Trump ha clasificado en este segundo mandato como organizaciones terroristas. No se han ofrecido, no obstante, datos y pruebas que sustenten esas afirmaciones y varias investigaciones periodísticas han señalado que hasta el 90% de los expulsados pueden no tener vinculación a esos grupos. La Administración Trump ha pasado a considerar un «crimen» la entrada o estancia en el país sin papeles, que hasta ahora era una falta administrativa, y su lenguaje sobre los inmigrantes indocumentados así engloba a todos como delincuentes.
El día de los vuelos el juez Boesberg pidió verbalmente primero y luego en la orden escrita que se detuvieran y que volvieran los aviones que ya estaban en el aire. Impidió además al gobierno usar la ley de 1798. La Administración le ignoró. Y Bukele poco después colgó en un mensaje en redes sociales con un vídeo donde se veía a los migrantes llegando a El Salvador y siendo ingresados en la cárcel. “Ups. Demasiado tarde”, escribió.
El Supremo
La batalla judicial no ha cesado desde entonces. Trump ha atacado repetidamente al juez Boesberg e incluso ha pedido que sea destituido mediante un juicio político, algo que llevó a una inusual declaración crítica pública del presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, que tuvo que recordarle cómo funciona el sistema judicial.
El mismo Supremo la semana pasada autorizó a Trump a reanudar las deportaciones bajo el amparo de la ley de Enemigos Extranjeros, pero por un tecnicismo, argumentando que la demanda original se tenía que haber presentado en Texas y no, como se hizo, en Washington. Y en aquella sentencia se subrayó que los migrantes tienen derecho a tener una vista sobre su deportación antes de ser expulsados, algo que el gobierno no les está dando.
El caso de Abrego García
Uno de los que fue expulsado en aquellos vuelos fue Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño que inicialmente la Administración reconoció haber deportado por lo que llamó un “error administrativo” y cuyo caso también está siendo dinamita en la relación de Trump con la Justicia.
El Supremo ratificó la decisión de una jueza de que el gobierno debía “facilitar” el retorno a EEUU de Abrego García, al que el gobierno acusa sin presentar públicamente pruebas de ser un “terrorista”. Trump y su equipo hacen una lectura más beneficiosa para ellos de esa sentencia, en la que el Alto Tribunal pidió a una jueza que tenga deferencia hacia los poderes del ejecutivo para acometer la política exterior.
La Administración aseguran además que es un tema que ya no está en su poder sino en manos de Bukele, que se ha mostrado el más fiel aliado de Trump en Centroamerica y que esta semana en su visita a la Casa Blanca aseguró que no piensa devolver a García Abrego a EEUU.
Como Boesberg, la jueza Paula Xinis está en un duelo con el gobierno para que cumpla la sentencia del supremo de “facilitar” el retorno del expulsado y para que responda a sus peticiones de información y explicaciones. “Hasta hoy no han hecho nada. Nada”, recriminó el martes a los abogados del gobierno.
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