El juez que investiga las presuntas cloacas del PSOE ordena a la Policía Judicial analizar «urgentemente» el contenido del pendrive que Leire Díez le entregó a Gaspar Zarrías.

El magistrado Arturo Zamarriego recibió este USB del histórico socialista andaluz, tras interrogarlo como testigo. Explicó que albergaba el informe realizado por el ex militante socialista sobre los supuestos vínculos del excomisario José Manuel Villarejo con el inicio del «caso ERE». Un procedimiento por el que, precisamente, Zarrías fue condenado.

Sin embargo, como él mismo explicó ante el tribunal, Díez no pudo demostrar que Villarejo hubiera propiciado el inicio de la causa por corrupción en la Junta de Andalucía. El resultado de su trabajo es el que Zarrías aseguró que dejó en manos del instructor.

Pese a ello, el juez Arturo Zamarriego quiso ir más allá y, tras pedirlo las acusaciones populares, requirió al ex vicepresidente de Andalucía con Manuel Chaves la entrega del ordenador en el que habría clonado el dispositivo original en el que se basó el trabajo de Díez.

Fue a causa de estas investigaciones que la contrató durante cuatro meses (de junio a octubre de 2024) en su recientemente desaparecida consultora, Zarro Sociedad Consultora, por un sueldo de 4.000 euros mensuales (16.000 en total). Pero al no poder demostrar vínculos entre el hombre del «caso Tándem» y la judicialización de los ERE, dejó de confiar en sus servicios, según declaró.

Además, está pendiente de que la Comisaría General de Policía Científica envíe al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid el audio «mejorado» de la grabación con la que el fiscal Ignacio Stampa grabó la reunión que mantuvo con Díez y Javier Pérez Dolset (otro de los acusados ​​de cohecho y tráfico de influencias).

Con base en ese audio, denunció que había sido objeto de un intento de soborno por parte de ambos en el que le ofrecían ventajas profesionales y en sus disputas con el Ministerio de Justicia, a cambio de trapos sucios sobre el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón; el juez de la Audiencia Nacional (ya jubilado) Manuel García-Castellón, y José Grinda, exfiscal Anticorrupción que ahora está destinado en Bolivia. De no ser posible recuperar el sonido, el juez Zamarriego instó a «proceder a su transcripción».

Asimismo, la Policía necesita aclarar si «técnicamente la grabación pudo haber sido realizada por uno de los asistentes o por un tercero extraño» el vídeo de la reunión online que el empresario Alejandro Hamlyn (huido de la Justicia por el fraude de Hafesa) mantuvo con Díez y Dolset en el despacho del abogado Jacobo Teijelo (que ahora defiende a Santos Cerdán).

Y, respecto de ambos materiales, los agentes aún tienen que informar al instructor si es posible que hayan sido manipulados o si, por el contrario, pueden considerarse prueba fehaciente dentro de este procedimiento.