El calendario judicial seguirá marcando la agenda política en el año que ahora comienza. Un dolor de cabeza para el Gobierno de Pedro Sánchez que, lejos de darle un respiro, afrontará la hora de la verdad en algunos casos por presuntos casos de corrupción que afectan de cerca al Ejecutivo central.

Hace doce meses, desde Moncloa se lanzaban señales inequívocas, por explícitas y repetidas que fueran, de que las investigaciones judiciales por tráfico de influencias contra el entorno del presidente -su esposa, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez- acabarían por desinflarse, al igual que la causa contra el entonces Fiscal General del Estado. Pero lo cierto es que, después de un año, Álvaro García Ortiz ha sido condenado por la filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso, la causa contra David Sánchez ya tiene fecha de juicio (comenzará a finales de mayo tras ser aplazada por problemas de agenda de los abogados, pues estaba previsto que comenzara en febrero) y el juez Juan Carlos Peinado parece encaminar a la mujer de Sánchez a un juicio con jurado, que está por ver si se celebraría en 2026.

Si el líder del PSOE vio en 2025 cómo dos de sus secretarios de Organización –Santos Cerdán y José Luis Ábalos– acababan en prisión por la presunta manipulación de premios públicos a cambio de encargos, el nuevo año podría ser el de las primeras condenas por el «caso Koldo».

Ábalos, a un paso del juicio

En los primeros meses (aún sin fecha) se celebrará en el Tribunal Supremo el juicio por el conocido «caso máscara», en el que no sólo se fundamentan supuestas irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia sino también, entre otras cuestiones, la «vinculación» de un exsocio del entonces ministro en dos organismos públicos o el chalet del que Ábalos disfrutaba en Cádiz a cuenta del solar o el ático central que Aldama pagó a la entonces novia del ministro en Madrid.

El exjefe de Transportes, actualmente en prisión preventiva en Soto del Real, se sentará en el banquillo junto a su exasesor Koldo García (ambos se enfrentan a peticiones de penas de hasta 30 años de prisión) y el comisionista Víctor de Aldama, cuya confesión permitió a la Unidad Central Operativa (UCO) -la pesadilla del Gobierno- avanzar en la investigación llevada a cabo en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Precisamente en la Audiencia Nacional el Gobierno se verá obligado a mirar de reojo. La investigación sobre los pagos en efectivo en Ferraz (que el Tribunal Supremo dejó en manos del juez Ismael Moreno) sólo ha dado sus primeros pasos, pero augura un buen puñado de titulares en 2026. La abundante documentación remitida por el PSOE tanto al Supremo como al Tribunal no ha convencido a ninguno de los dos tribunales, ya que determinados pagos todavía no encajan en la contabilidad socialista, lo que también ha levantado sospechas judiciales por el mal control en la justificación de los gastos, que Ferraz atribuye al equipo de la Secretaría de Organización. y en sus entregas, tanto a Koldo García como a su entonces pareja Patricia Úriz, que deberá dar explicaciones ante el juez el próximo 20 de enero (las conversaciones del matrimonio sobre la recogida de «sobres» en Ferraz, incautados a Koldo García, precisamente impulsaron la investigación judicial).

La «trama» del fontanero

Pero estos no serán los únicos focos de preocupación para Moncloa. En el Supremo continuará la investigación por la presunta manipulación de adjudicaciones de obras públicas, un entramado en cuya cima la UCO sitúa a Santos Cerdán, investigados en este caso al igual que Ábalos y Koldo. A medida que avancen esta y otras instrucciones (que también sacuden a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al exdirector de Carreteras), el tiempo y su futuro marcarán el mayor o menor distanciamiento de Cerdán y el exministro de Transportes con el PSOE.

Este último y su exasesor ya abrieron hostilidades juntos a su entrada en prisión, ensombreciendo las primarias que encumbraron a Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE y metiendo en la ecuación a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa.

La «fontanera» del PSOE Leire Díez también protagonizará gran parte de la actualidad en los juzgados el próximo año. El que fue, o al menos se presentó como, la mano derecha de Cerdán está inmerso en una investigación judicial en Plaza de Castilla por su intento de menoscabar a la UCO y desprestigiar a jueces y fiscales que molestan al Gobierno.

Pero, además, la Audiencia Nacional investiga (por ahora en secreto) una supuesta trama para cobrar comisiones -en la que también figuran el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario afín a Cerdán Antxon Alonso, propietario de Servinabar-.

En la Audiencia Nacional también continuará la investigación de la «trama del combustible», sobre todo después de que la UCO destapara el «vínculo» de Aldama con «altos cargos del Gobierno y del PSOE» en las gestiones para conseguir la licencia de operador de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel. Una investigación que afecta también a la empresaria Carmen Pano, que asegura haber llevado bolsas con 90.000 euros a Ferraz por instrucciones del comisionista.

Feijóo, testigo ante el juez de dana

Pero 2026 empezará con una imagen que dará munición política al PSOE frente al PP: la del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, declarando el día 9 como testigo ante el magistrado que investiga la actuación de la Generalitat Valenciana del ya dimitido Carlos Mazón en la catástrofe de la dana. No lo hará presencialmente, sino por videoconferencia, pero luego de que la instructora haya solicitado los mensajes de WhatsApp que le envió a Mazón el 29 de octubre de 2024.

El nuevo año también marcará un giro de los acontecimientos: el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, pasará de acusar al fiscal general del Estado a ser quien se siente en el banquillo por presunto fraude fiscal. Fue precisamente la filtración de las negociaciones de su abogado con la Fiscalía para intentar cerrar un acuerdo conforme que respaldaba la pena de inhabilitación de dos años de García Ortiz lo que le ha costado el puesto.

Puigdemont, pendiente ante el TJUE

Y, finalmente, habrá meses en los que continuará el juicio al clan Pujol y las investigaciones del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro y del exdiputado socialista Paco Salazar (está en manos de la Fiscalía), y en los que el exlíder de Más Madrid Íñigo Errejón irá a juicio por presunto acoso sexual.

Por otro lado, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont afronta un primer trimestre del año clave para su posible regreso a España. El líder independentista estará muy atento a lo que diga primero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el encaje de la Ley de Amnistía en el derecho comunitario. Si se produce el aval de la Justicia europea -el fiscal general de la UE ya ha concluido que no se trata de una autoamnistía y que no afecta a los intereses financieros de la Unión- se espera que su decisión precipite la que adopte el Tribunal Constitucional sobre su recurso de amnistía (y el del resto de prófugos y condenados del «procés): el tribunal de garantías tendrá que decidir si procede la negativa del Tribunal Supremo a concederle la amnistía -al excluir la malversación que se le imputa del objeto de la ley -viole o no sus derechos fundamentales- Si tanto la resolución del TJUE como la del Constitucional son favorables a sus intereses, será el Tribunal Supremo el que deberá tomar cartas en el asunto y decidir si aplica la amnistía y anula la orden de detención en su contra.