El Parlamento de Brasil aprueba un proyecto de ley para reducir las penas de Bolsonaro y el resto de condenados por el golpe fallido
La ultraderecha brasileña y sus aliados comenzaron a moverse en la dirección prometida que busca evitar que Jair Bolsonaro cumpla los 27 años y tres meses de prisión por liderar la conjura contra Luiz Inácio Lula da Silva. La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada un proyecto de ley que reduce significativamente las penas para los protagonistas del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. La iniciativa recibió 291 votos a favor y 148 en contra, poniendo en escena la dificultad que tiene Lula desde su asunción: la legislatura es hostil a su Gobierno y compromete a todo momento su gestión. La «corrección jurídica» se conoció también como «proyecto de la dosimetría» y fusiona la serie de delitos por los cuales fueron acusados el expresidente y sus colaboradores en función de las penas más benignas. Bolsonaro podría volver a su casa en menos de tres años. La propuesta queda en manos del Senado y pone a Lula en una difícil situación política, entre la aceptación de la norma y la voluntad de impugnarla, si cuenta con luz verde.
[–>[–>[–>El bolsonarismo logró instalar el debate de manera sorpresiva y en momentos que el jefe del clan señala a su hijo, el senador Flavio Bolsonaro, como competidor para la presidencia en las elecciones de 2026. La ultraderecha se ha inclinado en principio por una amnistía que favorezca a todos los que participaron del intento de la toma de las sedes de los tres poderes en Brasilia, así como del excapitán retirado y los demás conspiradores de primer orden. El recorte de las penas deja en la oposición radical un sabor en parte amargo, pero podría facilitar lo que desde septiembre parecía completamente imposible: que el exmandatario abandone la cárcel. Los intentos de frenar el juicio con la ayuda de Donald Trump no tuvieron resultados. Bolsonaro fue condenado en firme y en la actualidad se encuentra encerrado en una celda de la Policía Federal en el Distrito Federal cumpliendo la pena.
[–> [–>[–>La sesión del martes fue una demostración de fuerza de la oposición. El legislador oficialista Glauber Braga fue desalojado de la cámara de Diputados por varios policías tras denunciar una «ofensiva golpista» que la ultraderecha también llamó un intento de «pacificación» de Brasil. La última palabra para el cálculo exacto de la pena la tendría el poder judicial, de acuerdo con el texto del proyecto. La nueva ley daría también la libertad condicional a 141 personas que se encuentran presas por los episodios del 8-E.
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El Senado se apresta a funcionar como caja de resonancia de las discusiones. El senador derechista Esperidião Amin será el encargado de informar al plenario sobre el proyecto. «Siempre he defendido la amnistía», dijo.
[–>[–>[–>[–>[–>[–>Reacción del Gobierno
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El Partido de los Trabajadores (PT) aseguró durante el debate que sus adversarios no promueven una ley general, sino a los efectos de beneficiar a Bolsonaro, algo que calificaron de «inaceptable«.
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La ministra de Relaciones Institucionales, Gleisi Hoffmann, fue contundente: «El proyecto contradice una decisión en la que el STF (Supremo Tribunal Federal) y Brasil demostraron independencia y soberanía, además de debilitar la legislación que protege la democracia contra futuros intentos de golpe». El mismo texto que propone endurecer la progresión de la pena para una serie de delitos «concede un beneficio a los delincuentes políticos ya condenados».
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