El año 2025 comienza con un nuevo enfrentamiento político después de saber que el fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, Cambió de teléfono móvil una semana después de que el Tribunal Supremo abriera el caso en su contra.

Él Partido Popular lo acusa de obstrucción de la justiciamientras que el El gobierno cree que actué correctamente.

Este intercambio de mensajes se produjo un día después de que agentes de la Guardia Civil revelaran que el Fiscal General había cambiado su teléfono móvil apenas una semana después de que el Tribunal Superior abriera la causa contra él y el juez Ángel Hurtado ordenara grabar su despacho para incautar sus teléfonos y correos electrónicos. “Curiosamente, García Ortiz sintió la necesidad de cambiar su número de teléfono en el mismo momento en que el Tribunal Supremo le acusaba”, bromeó la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.

Para el número dos del PP, Cada vez está más claro que el protocolo de seguridad del fiscal no es más que un intento de ocultar pruebas, lo que, según él, es precisamente lo que lo hace culpable.

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, aprovechó un acto en Fuengirola (Málaga) para acusar a García Ortiz de obstrucción a la justicia al «cambiar de móvil al enterarse de que era objeto de una investigación».

Reacción de los socialistas

Del lado socialista, el Ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, quien se muestra totalmente convencido de que todo esto se debe a que hay un juicio en marcha contra el Fiscal General. “Es el mundo al revés, hay quienes persiguen delitos y quienes los cometen, y estamos investigando a quienes los persiguen”, dijo López. Asimismo, enfatizó que el «criminal fiscal» es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y que quien filtró «una mentira» a los medios fue su jefa de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez». Precisamente, el La mano derecha del presidente será la próxima en declarar sobre este asunto.

acusación popular

Por su parte, el sindicato manos limpias, quien ejerce la acusación popular en el caso en que se investiga al fiscal, pidió al Tribunal Supremo que pida al Gobierno que aclare si el teléfono utilizado por García Ortiz es propiedad de la administración y si es así pregunta dónde está.

Solicita también que este terminal sea entregado al Tribunal Supremo para su inspección y posterior análisis por parte de la Guardia Civil, y que “«La persona responsable de formatear o eliminar los datos en el terminal móvil será informada tan pronto como hayan sido enviados por el investigado o si han sido presentados ya formateados o eliminados.»

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