Él Pacto con Vox para que gobierne María Guardiola en Extremadura refleja claramente el camino elegido por el PP nacional en su dupla con la extrema derecha. Los de Santiago Abascal tendrán una vicepresidencia y dos consejerías. Posiciones elegidas para seguir librando la batalla ideológica contra la migración, el cambio climático y la memoria histórica.

El acuerdo, que ha sido liderado por el PP por su secretario general Miguel Tellado, va mucho más allá de las políticas regionales y puede ser el preludio de lo que contemplaría un pacto entre PP y Vox después de algunos elecciones generales en el que tenían la opción de gobernar.

El rendirse a la guerra ideológica de la extrema derecha condiciona el discurso nacional del pueblo de Feijóo. El PP se ha comprometido a modificar la Ley de Extranjería en Españaque ahora mismo protege la igualdad de los ciudadanos en el acceso a las ayudas y servicios públicos. El PP compra así el lenguaje xenófobo de «prioridad nacional», una de las principales banderas de Vox.

En dos ocasiones, el documento del acuerdo entre Vox y PP advierte que «en paralelo» a su aplicación, «se instará a la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 [Ley de Extranjería] y cualquier disposición reglamentaria que dificulte el logro efectivo de lo anterior.» Así Intentarían limitar el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos y a las ayudas en comparación con el resto de ciudadanos en España.

El PP guarda silencio, pero Abascal afirmó ayer en tono triunfal: «Hemos llegado a un acuerdo en el que se nos garantiza que en Extremadura habrá prioridad nacional; prioridad para los españoles en el acceso a las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda social».

Sin embargo, Queda por ver hasta dónde pueden llegar para aplicar esos compromisos que chocarían frontalmente con la legalidad.tanto española como europea. En el propio documento juegan con esta realidad añadiendo que las medidas acordadas se ejecutarán de forma «adecuada a la legislación vigente».

Así, en el caso de la vivienda dicen que «se establecerá un sistema de acceso a la vivienda protegida y al alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional.” Y que se buscará “la asignación prioritaria de recursos públicos a quienes mantengan un arraigo real, duradero y comprobable en el territorio”. Para este “arraigo” establecen un plazo mínimo de inscripción de 10 años para la compra de vivienda y 5 para el alquiler”. Es decir, no implicaría tener o no nacionalidad.

Al mismo juego juegan cuando aseguran en el documento que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y beneficios públicos se inspirará en el principio de prioridad nacional». Y luego agregan el condiciones de “arraigo real” y la coletilla de adaptación a la “legalidad actual”.

Y ellos saben que Su «prioridad nacional» viola el art. 14 de la Ley de Inmigración que establece que «los extranjeros residentes [en España] Tienen derecho a servicios y prestaciones sociales, tanto generales como básicas y específicas, en las mismas condiciones que los españoles. El mismo derecho que, según la ley, tienen los «extranjeros residentes de larga duración» a la hora de acceder a «los sistemas públicos de ayudas a la vivienda».

Así, la clave es que la modificación de la Ley de Extranjería (de carácter orgánico) es obligatorio tener mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. E incluso reformando la ley no se podría aplicar hasta las consecuencias finales esa «prioridad nacional» acordada por PP y Vox, ya que choca con el Tratado de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales, que prohíben la discriminación de los ciudadanos de la Unión por su nacionalidad. Es decir, como mucho se lograría una prioridad regional, no nacional.

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