El Consejo de Ministros aprobará este martes el real decreto para la regularización de migrantes que viven en España sin papeles, con los que prevé conceder permisos de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de personas. El pasado viernes, el Consejo de Estado envió su dictamen sobre este texto al Ejecutivo; En los últimos días, el Gobierno ha estado trabajando para pulirlo a partir de sus consideraciones y el plan es aprobarlo finalmente este martes.

en uno carta a los ciudadanosEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que «esta regularización es, ante todo, un acto de normalización», un «acto de justicia» con la propia historia de España. También «una necesidad». «Sin gente nueva trabajando y contribuyendo, nuestra prosperidad se ralentiza, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos (salud, pensiones, educación) sufren», añade en la carta.

El Los trámites para la regularización iniciarán este jueves 16 de abril de forma electrónica y el día 20 de forma presencialasí lo anunció la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en entrevista en Ser. A partir de este jueves también se podrán solicitar citas para acudir presencialmente a las oficinas a realizar los trámites. El plazo para solicitar la regularización finalizará el 30 de junio de 2026.

La ministra también ha enviado un mensaje de tranquilidad a las personas que puedan beneficiarse de este proceso y ha asegurado que habrá tiempo para tramitar todas las solicitudes «vengan las que vengan».

Los requisitos para beneficiarse de la regularización serán estar en situación irregular, estado en España desde antes del 1 de enero y tener cinco meses acumulados de residencia en el país de manera ininterrumpida.

Sin embargo, esta regularización deja fuera a los solicitantes de la condición de apátrida. La ministra ha explicado que estas personas no se encuentran en situación irregular y tienen un estatus específico en función de su situación. Lo que no significa, precisó, que haya «desprotección» o que este colectivo vaya a ser rechazado, así como el proceso que se aprueba este martes no está dirigido a los ciudadanos ucranianos que huyeron de la guerra porque cuentan con el mecanismo de protección temporal.

En España antes del 1 de enero y 5 meses de residencia

Era el 26 de enero cuando El Gobierno anunció que aprobaría esta medidaeso Supondrá un antes y un después en la vida de cientos de miles de personas al capturar el espíritu de la iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y luego fue bloqueada por falta de acuerdo político.

El texto ha pasado por varias borradores y ha estado sujeto a cambios hasta el último momento, como los llevados a cabo tras el dictamen del Consejo de Estado. Lo que probablemente se mantendrá en el texto es que La medida beneficiará a todos los inmigrantes que hayan llegado a España antes del 1 de enero y, en el momento de su solicitud, puede demostrar que Llevan cinco meses en el paísasí como los solicitantes de asilo que hubieran presentado su solicitud antes de la misma fecha.

Las solicitudes podrán comenzar a presentarse desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 30 de junio.

La cuestión de los antecedentes penales

Si bien, en términos generales, el dictamen del Consejo de Estado avaló la medida por su potencial integrador y los beneficios que traerá para el conjunto del país, también hizo algunas observaciones para mejorar el texto, una de ellas respecto de la flexibilidad que ofrece para acreditar la ausencia de antecedentes penales.

El borrador establecía que, excepcionalmente, si un potencial beneficiario no obtiene su certificado de antecedentes penales en el plazo de un mes, el Gobierno de España podrá obtenerlo y, si no lo obtiene en el plazo de otro mes, bastará con que aporte una declaración responsable del interesado.

Sin embargo, el organismo asesor advirtió que la fórmula la declaración responsable es «inadecuada» para un proceso que afectará a un número muy elevado de personas y que permite «una flexibilización injustificada de la diligencia que razonablemente puede exigirse a los beneficiarios de ese proceso».

Compatibilidad con el proceso de asilo

Otro aspecto cuestionado por el Consejo de Estado fue el hecho de que, según el texto del Gobierno, cuando una solicitante de asilo solicita la regularización, su procedimiento de protección internacional quedará suspendido, algo que el órgano consultivo ha desaconsejado. El dictamen también dedicó una de sus observaciones a las personas que solicitan la condición de apátridas, a quienes sugiere dejar fuera del proceso.

Y recomendó endurecer la exigencia de aportar un informe emitido por las entidades sociales para demostrar que el interesado en acogerse a la medida se encuentra en situación de vulnerabilidad, eliminando la presunción que el Gobierno establecía en el borrador de que todas las personas que no tienen papeles se encuentran en situación de vulnerabilidad.

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