El PSOE y Junts tratan de encajar a los Mossos en el control de fronteras y gestión de expulsiones
El PSOE y Junts apuran la negociación para el traspaso de competencias en inmigración con la mirada fijada al 25 de febrero o el 11 de marzo. Son las dos fechas que ha fijado el Congreso para debatir la propuesta de los posconvergentes sobre la cuestión de confianza. El Gobierno espera poder llegar a ese momento con el acuerdo cerrado, para poder convencer a la formación de Carles Puigdemont de que retire la proposición no de ley del orden del día y evite el debate, en un gesto de enorme relevancia que también allanaría el camino de los Presupuestos Generales del Estado. De momento, las dos partes siguen intercambiando «propuestas y contrapropuestas» de la ley que debe hacer posible el traspaso. «Estamos encallados en muy poca cosa», desveló el viernes el secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, en una atención a los medios.
Sin embargo, este escollo, que persiste desde el inicio de las negociaciones, es el control de fronteras. Junts siempre ha defendido que un traspaso «integral» debe permitir que los Mossos d’Esquadra controlen la entrada y la salida por tierra, mar y aire. El Gobierno, mientras tanto, insiste en que las fronteras son competencia exclusiva del Estado y que su cesión sería inconstitucional. «La Constitución es como el Quijote, todo el mundo habla de él, pero nadie se lo ha leído», llegó a ironizar Turull este viernes, para defender que su propuesta «se adecúa al marco legal».
Pero el Ejecutivo insiste en que se trata de un enfoque de «máximos» que va contra la Carta Magna y la Unión Europea. En una negociación tan compleja, que por la parte gubernamental afecta a cuatro ministerios (Interior, Exteriores, Juventud e Infancia e Inmigración), los socialistas exploran soluciones intermedias y miran a Baviera, donde la policía del estado alemán cuenta desde 2018 con funciones fronterizas.
El Gobierno se ha mostrado dispuesto a aceptar que los Mossos trabajen junto a Policía Nacional y Guardia Civil en los controles, realizando tareas muy específicas. Pero aquí todo seguiría dependiendo de Interior, algo que los posconvergentes han rechazado hasta ahora. Al mismo tiempo, los socialistas abren la puerta a que la futura ley orgánica que regule este traspaso o cesión se pueda también aplicar a otras comunidades autónomas y no solo a Catalunya, en un enfoque que sigue el mismo camino que la quita de la deuda autonómica pactada con ERC a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Pero Junts avisa que el traspaso no puede acabar en un «café para todos».
Si finalmente hay acuerdo entre el PSOE y Junts, la norma tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados y ser aprobada por mayoría absoluta (176 votos a favor o más), un resultado que no se puede dar por garantizado debido a los recelos de los socios de izquierda, alarmados por la competencia de entre Junts y el partido ultra Aliança Catalana.
El compromiso
El traspaso de las competencias de inmigración a Catalunya es un claro ejemplo de las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas parlamentarias. Fue prometido por el PSOE en enero del año pasado, a cambio de la abstención de los siete diputados de Junts en dos reales decretos. Trece meses después, ambas partes siguen trabajando para encontrar una fórmula que permita compatibilizar sus distintas posiciones. El entendimiento está «cerca», coinciden fuentes socialistas y posconvergentes. Pero en el partido de Puigdemont dejan claro que no aceptarán que la policía catalana tengan un papel secundario y supeditado a la Policía Nacional o la Guardia Civil. «Esto no va de que los Mossos ayuden si se les requiere, en todo caso que sean lo otros los que ayuden», explica un miembro de la dirección de la formación, mientras otro añade: «Nosotros especies de cogestión, como que no».
Junts exige también que la Generalitat tenga capacidad para proponer expulsiones. Aunque la última palabra de las deportaciones la tiene la Justicia, el partido de Puigdemont quiere que desde Catalunya se puedan hacer informes preceptivos. Según las mismas fuentes, las condiciones de estas expulsiones deberían quedar fijadas en una futura ley catalana -que deberá debatirse y aprobarse en el Parlament- y podría dar poderes tanto a los ayuntamientos como a la Generalitat.
La gestión de los NIE
El otro escollo que hizo encallar la negociación en diciembre, cuando las dos partes se mostraban optimistas con firmar el pacto antes de acabar el año, fue la gestión de los NIE y otros permisos como el de trabajo o residencia. Según reveló el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en EL PERIÓDICO, el Gobierno trataba de dejar el traspaso en una «encomienda de gestión». Es decir, permitir que la Generalitat tramitara y comunicara las resoluciones de todos los expedientes, pero sin capacidad de resolución, algo que Junts consideraba inaceptable. Fuentes posconvergentes dan ahora prácticamente por saldado este escollo.
Paralelamente, Junts ya ha dado a entender que el pacto para el traspaso de competencias en inmigración es una condición ‘sine qua non’ para que sus siete diputados en el Congreso apoyen el pacto alcanzado entre Canarias y el Gobierno para el reparto de 4.400 menores migrantes. «Catalunya no puede ser una [comunidad] Más ‘, «Turull ya avanzó, aunque evitó ingresar a la pequeña impresión del acuerdo.
El pacto no establece aún el número de menores que corresponderá a cada territorio, pero sí deja claro que la fórmula tendrá en cuenta los niveles «población, riqueza y esfuerzo de acogida» de las distintas comunidades antes de asignar una cuantía. El PP ya ha anunciado que votará en contra, por lo que el apoyo de Junts será imprescindible para que el reparto salga adelante.
Suscríbete para continuar leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí