Tras varias semanas de retraso, el Tribunal Supremo ha emitido su esperada decisión sobre la mayoría de los aranceles implementados por el Gobierno de Donald Trump el año pasado.

El alto tribunal anula la mayoría de los aranceles globales del republicano en un fallo que representa el mayor duro golpe a la política económica del republicano y con importantes implicaciones para la economía mundial.

Por una mayoría de 6 a 3 jueces, el Tribunal Supremo concluye que Trump se excedió en su autoridad al aprobar estos gravámenes comerciales invocando la ley de poderes de emergencia de 1977.

El pasado lunes 19 de enero, la Administración Trump ya avanzó su plan en caso de que el Tribunal Supremo anulara los gravámenes. En una entrevista en el New York Times, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, aseguró que el presidente promulgaría nuevos aranceles casi inmediatamente después del fallo del tribunal superior.

A mediados de este mes, el republicano señaló que sería «muy decepcionante» que el Tribunal Supremo considerara ilegal la aplicación de gran parte de los aranceles que activó el año pasado con el parapeto legal de la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 y que fueron el pilar de la guerra comercial lanzada contra los socios de la primera economía mundial.

El pasado mes de agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, un tribunal de apelaciones del Circuito Federal dictaminó que el republicano no tenía derecho a utilizar esta ley de emergencia para imponer los llamados «aranceles recíprocos», que oscilan entre el 50% que paga Lesoto y la base mínima del 10% que soportan el Reino Unido o la mayoría de los países latinoamericanos.

El tribunal dictaminó que no podía utilizar dicha norma para implementar el impuesto del 25% impuesto a algunos productos procedentes de Canadá, China y México, que Washington considera esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a Estados Unidos.

Sin embargo, evitó congelar la aplicación de tarifas para darle tiempo al Gobierno Federal de llevar el caso a la Corte Suprema.

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