Él Tribunal de Cuentas de la UE advirtió este lunes que El impacto del plan de recuperación español en la mejora del entorno empresarial ha sido «limitado»pese a estar entre los países que mejor han aprovechado el fondo anticrisis.

Así se afirma en un informe especial de los auditores europeos publicado este lunes, que concluye que las medidas incluidas en el plan de recuperación de España «Abordan sólo parcialmente» los desafíos estructurales del entorno empresarial identificados por Bruselas antes de la pandemia.

España se encuentra entre los siete Estados miembros -junto a Chipre, Croacia, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Portugal- que han «abordado en gran medida» las recomendaciones específicas de la Comisión Europea relativas al entorno empresarial, aunque ninguna de ellas ha sido cumplida plenamente, según informó EFE.

En concreto, los auditores revisaron cuatro reformas españolas financiadas con estos fondos, tres de las cuales se completaron dentro del calendario previsto y lograron los resultados formales comprometidos con la Comisión, aunque solo una presentó efectos significativos sobre la actividad económica, mientras que las otras dos tuvieron resultados «limitados» y la cuarta aún estaba pendiente de ejecución en abril de 2025.

Entre las medidas destacables está la Paquete de apoyo fiscal y de liquidez aplicado durante 2020 y 2021 para paliar el impacto de la pandemia en autónomos y pymesAcciones que, según el Tribunal de Cuentas, beneficiaron a más de 1,5 millones de empresas, a pesar de que su efecto fue temporal y no condujeron a mejoras estructurales duraderas, ya que las declaraciones de insolvencia empresarial repuntaron con fuerza a partir de 2022.

El informe destaca que las reformas españolas han contribuido a mitigar los efectos inmediatos de la crisis sanitaria, pero «no han transformado sustancialmente el marco regulatorio ni la competitividad del tejido empresarial». Además, advierte que muchas medidas carecen de indicadores de resultados que permitan evaluar su impacto a largo plazo.

En sus recomendaciones, los auditores instan a la Comisión Europea y a los Estados miembros, incluida España, a diseñar futuros instrumentos con objetivos más precisos y mecanismos de seguimiento sólidos, para que los fondos europeos generen cambios estructurales sostenibles más allá de 2026, cuando finalice la ejecución de los planes de recuperación.