El ex diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonarofue condenado este martes por el Tribunal Supremo a cuatro años y dos meses de prisión por coerción de la justicia por sus gestiones ante el Gobierno estadounidense para imponer sanciones contra Brasil.

Específicamente, buscó la interferencia de Estados Unidos en el juicio por el complot golpista de su padre el año pasado.

Además de la pena de prisión, que cumpliría en régimen semiabierto, el alto tribunal le impuso una multa de 100 salarios mínimos, lo que equivale a 162.100 reales (unos 31.700 dólares).

Los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo votaron por unanimidad a favor de la condena de Eduardo Bolsonaro, que vive en Estados Unidos desde el año pasado y no estuvo presente en la audiencia.

La condena implica automáticamente la inhabilitación política por ocho años de Bolsonaro, que perdió su membresía en el Congreso en diciembre pasado, debido a ausencias excesivas a las sesiones de la cámara baja.

el magistrado Alexandre de MoraesEl juez instructor del caso, afirmó que el propio Eduardo Bolsonaro admitió haberse trasladado a Estados Unidos en 2025 con el objetivo de negociar con la Administración estadounidense la imposición de sanciones contra los jueces que procesaban a su padre, con la intención de evitar una eventual condena.

El ex gobernante, líder de la extrema derecha brasileña, fue condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente a su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Durante su intervención, De Moraes exhibió varios videos de declaraciones y entrevistas en las que el exdiputado se refiere a las gestiones que realizó en Washington para promover sanciones contra Brasil y contra los jueces de la Corte Suprema.

«Las amenazas se concretaron mediante sanciones contra magistrados de esta Corte, contra el procurador general de la República y contra Brasil, a través de aranceles», afirmó el juez.

Los jueces también rechazaron las solicitudes de nulidad del proceso presentadas por la defensa de Bolsonaro, que alegó la supuesta parcialidad del magistrado y deficiencias en la notificación al acusado.

El defensor público Esdras dos Santos Carvalho, abogado de oficio designado para representar al exdiputado, negó las acusaciones al sostener que este se limitó a ejercer una «interlocución política» ante el Gobierno de EEUU.

Carvalho recalcó que Bolsonaro «no tuvo ningún poder de decisión sobre la política exterior estadounidense» y tampoco se sirvió de violencia o amenazas graves, circunstancias que son necesarias en el delito de coacción.

Esta tesis fue rechazada por los jueces, que interpretaron que la víctima de esas amenazas fue el sistema judicial brasileño.

Sus vínculos con EE.UU.

Eduardo Bolsonaro se instaló en EE.UU. en febrero de 2025 para estrechar sus vínculos con la Administración de Donald Trump.

El año pasado, el Gobierno estadounidense impuso sanciones a varios de los jueces del Tribunal Supremo de Brasil que juzgaron y condenaron al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Washington también justificó la imposición de aranceles a Brasil en el proceso judicial contra Bolsonaro, que Trump calificó de «caza de brujas».

El hijo del expresidente y hermano del senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro permanece en EE.UU., por lo que no participó personalmente en el juicio y estuvo representado por un defensor público.

El juicio se desarrolló en la Primera Sala del Tribunal Supremo, integrada por cuatro jueces de perfil progresista, entre ellos Cristino Zanin, ex abogado de Lula, y Flávio Dino, ex ministro del Gobierno de Lula.