Un tribunal ordenó embargo del edificio que hasta ahora albergaba el sede del Instituto Cervantes En Países Bajosclasificado en diez millones de euros. Esto sucede porque España lleva años sin pagar sus impuestos. deudas que tiene con varias multinacionales para el subvenciones en energías renovables. Es un edificio que pertenece al Estado español. Ahora podría salir a subasta pública.

En concreto, la decisión está ligada al impago de la deuda que arrastra España por el caso Eurus, la filial de energías renovables de Toyota.

La medida, adoptada por la Justicia holandesa a petición de los acreedores del Reino de España, ya ha sido inscrita en el catastro holandés y afecta a la propiedad de un inmueble situado en el número 3 de Domplein, en el centro histórico de Utrecht, al que, según estimaciones del mercado, se puede atribuir al inmueble un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros, según las mismas fuentes de los acreedores, que estudian actualmente el paso a una posible subasta pública del inmueble.

Embargo ejecutivo autorizado de bienes

El Tribunal de Distrito de La Haya autorizó el embargo, que el 19 de marzo concedió la ejecución en Holanda de los laudos arbitrales dictados en el caso Eurus. Sobre esta base, y después de que España fuera notificada formalmente el 20 de abril sin abonar la correspondiente indemnización, El 24 de abril se autorizó embargo ejecutivo de bienes.

Fuentes de los acreedores aclararon que el centro del Instituto Cervantes de Utrecht no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de una entidad cultural que también acoge eventos y congresos, «por lo que un posible recurso invocando inmunidad soberana tendrá escasa repercusión, teniendo en cuenta el tipo de bien y el uso que se haga del mismo».

La actividad continúa con normalidad

Tras conocer la incautación de este edificio, el Instituto Cervantes continúa su actividad en su centro de Utrech. «La actividad académica y cultural del Instituto Cervantes de Utrecht continúa con total normalidad«, dijeron a Europa Press fuentes de la institución, destacando que «el edificio que ocupa el centro pertenece al patrimonio nacional y el Instituto Cervantes lo utiliza en régimen de adscripción».

Por ahora, Cervantes no recibió «comunicación formal» sobre el embargopor lo que se negó a comentar sobre el proceso. En cualquier caso, precisan que «el problema de fondo, es decir, las reclamaciones de indemnización por inversiones en energías renovables, no tiene relación con la actividad del Instituto Cervantes».

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