la intervención de Javier Medina en el plató de laSexta Xplica subió la temperatura del debate sobre el acceso a la vivienda. El inversor justificó su criterio de selección de inquilinos en la libertad de decisión lo que, en su opinión, le da propiedad privadoy lo vinculó directamente con la alta demanda que experimenta el mercado de alquiler.

«Publicas un anuncio y dura 24 horas. Los apartamentos se alquilan en la primera visita.«, explicó para ilustrar el margen que tienen los propietarios a la hora de filtrar candidatos. Esta posición de fuerza, argumentó, les permite fijar condiciones previas como la contratación de un seguro de impago antes incluso de empezar a valorar cualquier otra circunstancia del potencial inquilino.

El filtro ideológico como criterio de selección

Fue profundizando en estos criterios que Medina verbalizado la frase que da título a esta noticia.

Aseguró que, si la ley lo permitiera, descartaría de antemano a quienes estuvieran afiliados a determinadas organizaciones. «Si pudiera saber si alguien está afiliado al Sindicato de Inquilinos, obviamente no le alquilaría «Tomé la palabra», afirmó. La confesión provocó murmullos y gestos de desaprobación entre los presentes, pero el inversor no sólo no dio marcha atrás, sino que amplió el veto: «Tampoco comunista. Le alquilaría una casa porque no cree en la propiedad privada. «Sería algo ilógico.»

Posteriormente, zanjó la polémica apelando a su condición de propietario: “Déjame decidir a quién le alquilo mi departamento; es mi propiedad «privado.»

La denuncia fiscal: «El Estado se embolsa 43.000 euros»

Lejos de ceñirse a la controversia ideológica, Medina desplazó el foco hacia lo que considera el auténtico problema de tu actividad: la carga impuesto que soporta cada operación de compra, renovación y venta.

Puso sobre la mesa un ejemplo concreto y con cifras: si se compra un inmueble dañado por 100.000€invierte 30.000 en rehabilitarlo y 5.000 en amueblarlo, y luego lo vende por 180.000€la cascada de impuestos erosiona el margen hasta límites que considera injustos. Según su desglose, el Estado recauda 10.000 euros por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de la compra, 6.300 derivados de la reforma, 1.050 del mobiliario y otros 1.000 en licencias municipales. El resultado, sostuvo, es que de los aproximadamente 45.000 euros de diferencia entre costes y precio de venta le queda 26.500 antes de pagar el IRPF, donde pierde otros 6.500 euros.

El inversor pone el acento en lo que sucede después, cuando la vivienda llega a manos del comprador final. «Lo más grave es que cuando una pareja joven compra ese piso por 180.000 euros tienes que volver a pagar el ITP. Al final, el Estado se embolsa 43.000 euros en impuestos mientras yo obtengo un beneficio de 20.000€«, afirmó. Con este cálculo, Medina pretendía trasladar el debate de su selección ideológica de inquilinos hacia un sistema tributario que, en tu opinionpenaliza tanto al inversor como al comprador, mientras que la administración concentra la mayor tajada de cada transacción inmobiliaria.