A pesar de la crisis de vivienda que sufre España, derivado del exceso de intervencionismo en el sector inmobiliario y las regulaciones existentes, que han creado una gran escasez de oferta y, con ello, los precios se han disparado, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue desarrollando nuevas regulaciones que, en última instancia, afectarán al precio de los inmuebles. En concreto, como hemos detallado en Libre Mercado, a finales del año pasado se inició el trámite de audiencia e información pública relacionado con el proyecto de modificación del Código Técnico de la Edificación.

Según explica el Gobierno, «la Código Técnico de la Edificación debe estar sujeto a modificaciones periódicas para adaptarse a los avances tecnológicos del sector, las demandas de la sociedad y la evolución legislativa de la normativa con la que se relaciona. política de eficiencia energética de los edificios.

Sin embargo, lo cierto es que las exigencias que pretende introducir el Gobierno de Sánchez con la modificación del Código Técnico de la Edificación Supondrán un coste extra que encarecerá aún más las viviendas. Específicamente, el políticas ambientales desarrollado por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda podría encarecer cada vivienda hasta 18.000 euros.

Requisitos medioambientales

Una de las áreas en las que se centra la nueva normativa es generación de energía. En este sentido, la modificación del CTE introduce requisitos mínimos de generación de energía solar aplicables a los edificios de nueva construcción con una superficie útil superior a 250 metros cuadrados, tanto de uso no residencial como de vivienda, así como los de titularidad de organismos públicos. Asimismo, en el apartado dedicado a «higiene, salud y protección ambiental«, la normativa destaca que el objetivo «consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, (…), sufran molestias o enfermedades, así como el riesgo de que las edificaciones se deterioren y deterioren el medio ambiente, como consecuencia de las características de su diseño, construcción, uso y mantenimiento».

En relación con el consumo de energíaLas instalaciones de iluminación deben tener sistemas de automatización y control de iluminación. Estos sistemas tendrán que ser capaces de realizar un seguimiento, registro, análisis y adaptación continua del consumo energético, además de realizar un benchmarking de la eficiencia energética del edificio y detectar pérdidas de eficiencia en sus instalaciones técnicas. Por su parte, los edificios no residenciales con una potencia nominal útil superior a 290 kW deberán estar dotados de controles automáticos de iluminación ubicados en una zona adecuada y capaces de detectar la ocupación del espacio.

Asimismo, «la bombas de calor destinados a la producción de ACS y/o climatización de piscinas, para poder considerar su contribución renovable A los efectos de este apartado, deberán tener un valor de rendimiento medio estacional igual o superior a 2,5 cuando sean de accionamiento eléctrico e igual o superior a 1,15 cuando sean de energía térmica. Así, para ser considerado eficiente, el sistema de calefacción o refrigeración urbano debe utilizar al menos un 50% de energía renovable, un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50% de una combinación de estos tipos de energía y calor.

Por otro lado, una de las claves de la nueva normativa es la denominada movilidad sostenible. En este sentido, se establece que «los edificios con plazas de aparcamiento para coches tendrán una infraestructura mínima que permita la recarga de vehículos eléctricos, y contará con una dotación mínima de plazas de aparcamiento para bicicletas». En este sentido, el documento detalla que «como medida para mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad en el uso de los edificios, estos contarán con una infraestructura para la movilidad sostenible, consistente en una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, que deberá permitir la recarga inteligente, y aparcamiento para bicicletas».

Específicamente, para edificios residenciales vivienda El monto a ejecutar será de «dos plazas de aparcamiento para bicicletas por cada unidad de uso (viviendas) del edificio, salvo cuando exista una normativa municipal que establezca un requisito inferior, en cuyo caso se tomará este último. Al respecto, se explica que los espacios de estacionamiento para bicicletas tendrán una dimensión mínima de 2 metros por 40 centímetros. Asimismo, se exige que, de 20 plazas, el 5% de las plazas tengan una dimensión de 2,5 metros por 90 centímetros “para bicicletas de dimensiones mayores a las estándar”.

Medidas de lucha contra incendios

Sin embargo, la nueva normativa también incluye numerosas disposiciones relacionadas con la prevención y extinción de incendios. Al respecto, se detalla que “si el edificio tiene más de una planta, la superficie construida de cada una sector de bomberos no debe superar los 4.000 metros cuadrados», mientras que «cuando tenga una sola planta, no es necesario que esté compartimentado en sectores contra incendios». Así, en relación con los aparcamientos, se establece que estos deben «constituir un sector contra incendios diferenciado cuando se integre en un edificio con otros usos». Por otro lado, se incluyen requisitos importantes para la disposición de las barreras cortafuegos.

Por otra parte, respecto a la provisión de instalaciones de protección contra incendiosEn general, se requiere que haya extintores portátiles «un máximo de 15 metros en cada piso desde cada fuente de evacuación». Por otro lado, también tendrá que haber un ascensor de emergencia en las plantas cuya altura de evacuación supere los 28 metros. Asimismo, se exige que exista una alarma de humo autónoma en el interior de todas las viviendas.