Expertos desacreditan el informe sobre Almaraz y niegan un choque entre nuclear y renovables
El informe hecho público por Greenpeace esta semana bajo el título “Cierre nuclear y transición energética, el caso de Almaraz” apenas ha encontrado eco entre expertos en energía y descarbonización. Más que rechazo, el estudio —firmado por los investigadores Eloy Sanz (Universidad Rey Juan Carlos) y Víctor García Carrasco (Universitat Politècnica de Catalunya)— genera un abierto escepticismo por el escenario que plantea y por unas conclusiones que, a juicio de los especialistas consultados, resultan irreales al presentar un debate entre energía nuclear y renovables, en particular la fotovoltaica, “que no existe”.
[–>[–>[–>En esta valoración coinciden Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética del Gobierno y actual director asociado de la consultora Nera, y Óscar Barrero, ingeniero y socio responsable de consultoría en energía y utilities de PwC España. Más crítico aún se muestra el catedrático de la Universidad de Extremadura (UEx) Julián Mora Aliseda, quien tras una primera lectura tiene la sensación de estar ante “un informe de parte. Se plantean unas hipótesis para obtener un resultado concreto, con la aplicación de una metodología que puede ser acertada, pero que acaba en un estudio sesgado”.
[–> [–>[–>Costes, mercado y simulaciones cuestionadas
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El informe sostiene que prorrogar la vida útil de una central como Almaraz supondría un encarecimiento del recibo de la luz cifrado en 3.831 millones de euros. También afirma que la energía nuclear tendría como consecuencia directa que dejaran de invertirse más de 26.000 millones de euros en renovables y, en particular, en fotovoltaica. El modelo propuesto plantea que el 96% de la demanda energética se cubra con renovables y un 3,6% mediante gas o centrales de ciclo combinado.
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Estas conclusiones se basan en simulaciones que, según los expertos consultados por EL PERIÓDICO EXTREMADURA, se sitúan fuera de la realidad del mercado eléctrico y de la aplicación de las reglas de distribución que dicta Red Eléctrica de España (REE). “El informe se contradice en sí mismo”, concluye Jorge Sanz. Al alejarse de la operativa real del sistema, tampoco consideran verosímiles las cifras que maneja.
[–>[–>[–>Seguridad del sistema y papel de Red Eléctrica de España (REE)
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Los especialistas subrayan que el estudio obvia un aspecto clave: la estrategia del operador del sistema. Tras el apagón de 2025, el debate se ha centrado en si el sistema tiene capacidad suficiente para garantizar no solo energía, sino también seguridad operativa y estabilidad de tensión, factores mucho más difíciles de modelar.
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Red Eléctrica de España (REE) no evalúa únicamente cuánta energía entra en el sistema, sino qué recursos están disponibles para sostenerlo en cada momento. La principal grieta de credibilidad que señalan tanto Sanz como Barrero es que el informe no simula de forma realista la red de transporte, sus congestiones ni el despacho condicionado por restricciones técnicas. Tampoco consideran realistas las previsiones sobre el comportamiento futuro de los precios del gas en un escenario geopolítico inestable.
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[–>En este contexto, los expertos descartan que la energía nuclear sea responsable del freno a la fotovoltaica y la eólica, como sugiere el informe, y niegan cualquier relación directa entre la presencia nuclear y la rentabilidad de las inversiones en renovables.
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Renovables, almacenamiento y límites tecnológicos reales
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Tras el apagón, el operador del sistema ha actuado con mayor prudencia, lo que se ha traducido en más restricciones a las fuentes de energía menos estables, como las renovables, frente a recursos “síncronos” que aportan mayor estabilidad, como el gas o la nuclear. Sin embargo, los expertos consideran que el informe no aborda los verdaderos problemas del despliegue renovable.
[–>[–>[–>Estos problemas están ligados a la inestabilidad de la producción y a la ausencia de un modelo plenamente desarrollado de almacenamiento energético en España. Los sistemas de baterías y almacenamiento necesarios para garantizar la estabilidad de la tensión no están tan avanzados como sostienen los autores del estudio. “Las soluciones previstas para estabilizar la producción solar, como baterías y sistemas de almacenamiento, no son rentables; nadie está invirtiendo y nadie presenta nuevos proyectos para plantas fotovoltaicas, los que se desarrollan ahora vienen de atrás”, señala Jorge Sanz. Óscar Barrero añade un matiz sobre “la retracción en renovables en la que se basa la simulación del estudio”, ya que, a su juicio, no es del todo cierta. “En el caso de la eólica, el desarrollo sigue adelante y solo está lastrado por la excesiva burocracia y la judicialización que acompaña a muchos proyectos”.
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Un golpe definitivo a la economía de Extremadura
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El informe tampoco aborda, según los expertos, el problema estructural que frena la electrificación en España frente a otros países: una red eléctrica obsoleta e insuficiente para atender grandes demandas industriales. En este punto, Julián Mora Aliseda sitúa el verdadero debate de fondo.
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“No se trata de energía nuclear sí o energía nuclear no. Se trata de una infraestructura, Almaraz, cuyo coste está ya amortizado y cuyo funcionamiento, siempre y cuando el Consejo de Seguridad Nuclear avale su estado óptimo, garantiza en la zona de Navalmoral de la Mata la mayor renta de toda Extremadura, la generación de empleo cualificado y, por tanto, la fijación de población”, afirma.
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El catedrático recuerda que, en los últimos 50 años, mientras Trujillo ha perdido alrededor del 40% de su población, Navalmoral de la Mata la ha duplicado. “El problema es que no existe una alternativa equivalente a la central”, advierte, lo que se traduciría en el hundimiento de una comarca y en un impacto severo para toda Extremadura, que deposita en la energía que produce buena parte del futuro de su economía.
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Según estas estimaciones, el cierre de Almaraz supondría la pérdida del 90% del empleo cualificado en la zona. A ello se suma que, con una red incapaz de atender las demandas de industrias electrointensivas, tecnológicas o centros de datos, cuya mejora —según Red Eléctrica— aún tardará entre cinco y diez años, las oportunidades de desarrollo del territorio quedarían seriamente comprometidas.
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