La economía española muestra importantes signos de debilidad que reflejar una situación que dista mucho del relato que el Gobierno intenta establecer sobre la evolución del país. Uno de estos problemas se encuentra en el mercado laboral, donde un verdadero paro de casi cuatro millones de personas, incluido el casi un millón de personas que no se cuentan en el estadísticas oficiales a pesar de no funcionar.

En este sentido, uno de los factores que explican la realidad del mercado laboral español reside en los desincentivos al trabajo existentes, entre los que destaca una política fiscal que grava especialmente la contratación a través de las cotizaciones a la Seguridad Social y, por otro lado, una política de subvenciones que incentiva a muchas personas a no acceder a ningún empleo. Precisamente, uno de estos beneficios es el subsidio a mayores de 52 añosque también tiene un impacto importante en la cuentas publicas.

Impacto de las prestaciones por desempleo

Un estudio reciente de Banco de España afecta los problemas de los desincentivos que introducen beneficios como prestación de desempleo para personas mayores de 52 años. En concreto, la agencia explica que la diferencia entre la base de cotización y el importe de la ayuda supone un desincentivo al empleo para los beneficiarios de la subvención.

Sin embargo, este subsidio no sólo tiene un impacto en el mercado laboral. En realidad, también tiene un gran coste para las cuentas públicas. Según un informe publicado por fedeaLa reforma de la subvención para mayores de 52 años aprobada en 2019 tendrá un impacto acumulado de 17.935 millones de euros para el Seguridad social hasta 2030. A esta cifra se suma un coste adicional para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que la entidad sitúa en 1.818 millones de euros en 2030 como consecuencia del aumento del número de beneficiarios y del importe asociado a esta prestación.

Siendo así, cabe recordar que la modificación normativa aprobada en 2019 revirtió varias de las restricciones introducidas años antes. Entre otras medidas, bajó la edad de acceso de 55 a 52 años, cambió los criterios de evaluación de ingresos para que pasen a ser individuales y no por unidad familiar, amplió el cobro de las ayudas hasta edad ordinaria de jubilación y aumentó la base de cotización por contingencias comunes del 100% al 125% del SMI.

Según estimaciones de Fedea, estas medidas provocarán que haya destinatarios adicionales exclusivamente atribuible a la reforma. De esta forma, el número total de beneficiarios alcanzaría las 529.880 personas, frente a las 214.163 que habrían sido de no haberse producido los desastres. cambios regulatorios.

En este contexto, Fedea calcula que el progresivo crecimiento del número de perceptores tendrá un efecto directo en las cuentas de los SEPE. El coste adicional derivado de la reforma pasaría de 400,5 millones de euros en 2019 a 1.818,5 millones de euros en 2030, cifras expresadas en 2025 euros. Por tanto, según el informe, el gasto asociado a la subvención representaría en torno al 0,2% del total en 2030. PIB.

Naturalmente, esta evolución del mercado laboral y del gasto público asociado a esta prestación por desempleo también tendrá un impacto en la pensiones futuras. En concreto, según Fedea, el aumento de base de cotización vinculado a la subvención generará un gasto adicional de 9.456 millones de euros en pensiones entre 2019 y 2030. Así, según el estudio, el aumento de la base de cotización de la prestación del 100% al 125% del SMI provocará que la pensión inicial de los beneficiarios aumente un 4,72%.

Sin embargo, la Seguridad Social también se verá afectada, ya que las prestaciones disminuirán. ingreso viniendo de la contribuciones sociales. En concreto, según Fedea, la Seguridad Social dejará de pagar 8.479 millones de euros en cotizaciones sociales.