FINANCIACIÓN AUTONÓMICA | Galicia: «Coste real de los servicios frente a volumen de población»
Galicia tiene firmada desde septiembre de 2018 su carta de demanda sobre lo que debería ser el nuevo modelo de financiación autonómica. Ese año formó un frente común con Asturias, las dos Castillas, Aragón y La Rioja que fue revalidado en 2021 con la “Declaración de Santiago” y a la que, en ese momento, se sumó también Extremadura. Todas estas comunidades tenían —y tienen— en común que son territorios caracterizados por la dispersión y el envejecimiento poblacional. De ahí que estas dos “singularidades” —término que ahora genera cierto recelo—, sean el pilar en el que se sustenta su principal reivindicación, que es una financiación suficiente que cubra el coste efectivo de llevar los servicios públicos básicos hasta el más aislado de los núcleos de población. Obviamente, esto colisiona con el criterio que tradicionalmente ha sido hegemónico para decidir el reparto de los recursos y que defienden comunidades como Madrid o Andalucía: el número de habitantes.
“Coste real de los servicios frente a volumen de población”, repiten desde hace años en la Xunta, gobernada por el PP de forma consecutiva en los últimos quince años, como pauta principal de lo que tiene que ser un modelo de financiación equitativo y solidario. Que la calidad de los servicios sea la misma con independencia del territorio de residencia.
Según los cálculos del Gobierno gallego, el sistema actual les genera un déficit anual de 700 millones de euros. Es la diferencia —según un informe del pasado mes de septiembre— entre lo que recibe la comunidad y lo que le cuesta prestar los servicios públicos debido a la dispersión y, especialmente, al envejecimiento, con lo que eso conlleva de cronicidad en las enfermedades y alto gasto farmacéutico (1.795 millones en 2023, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad).
El Consello de Contas, el órgano fiscalizador de la comunidad autónoma, le da la razón al Ejecutivo gallego, ya que en mayo de este año emitió un informe previo en el que cifra en 14.000 millones de euros el déficit generado en Galicia entre los años 2009 y 2021.
El principio de ordinalidad también está sobre la mesa. Galicia no quiere perder posiciones con respecto al actual modelo. Una reclamación que, evidentemente, sostienen las comunidades de la parte alta de la tabla y que no comparten, obviamente, las infrafinanciadas.
En sus documentos que llevan fijando la posición de Galicia durante los últimos años, la Xunta reclama que la Administración del Estado aporte el 50% de la financiación que le corresponde por ley para cubrir la atención a la dependencia y que cualquier otra nueva norma que incremente el gasto de las autonomías vaya dotada de un fondo adicional para atender esas competencias y funciones adicionales.
También reclama una base común regulatoria sobre los tributos cedidos para evitar la competencia desleal entre comunidades mediante rebajas impositivas o que, en caso de una condonación de la deuda por parte del Estado, esta medida se extienda a todos los territorios. Estas dos reivindicaciones han envejecido mal, porque las comunidades del PP han entrado en los últimos años en una espiral de rebajas de impuestos y ahora, la Xunta también, rechaza la condonación de la deuda bajo el argumento de que Galicia no lo necesita porque no tiene problemas de endeudamiento y porque ese “perdón” a Cataluña se ha ofrecido solo para conseguir el apoyo de ERC a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
En teoría, la postura de Galicia sobre la financiación autonómica debería salir de un acuerdo del Parlamento. En la pasada legislatura se creó una comisión especial para definir este papel, pero no se llegó a elaborar el dictamen de conclusiones porque Alfonso Rueda convocó las elecciones para febrero de este año y el procedimiento parlamentario quedó suspendido.
El PP ha anunciado que ahora retomará esta comisión para concluir el dictamen, pero de momento aún no se ha constituido. Y no parece que vaya a haber acuerdo. Tanto el BNG como el PSOE apuestan por aceptar una condonación de la deuda, si finalmente se llega a aplicar, que el PP la rechaza de plano. Y porque no tienen ninguna duda de que el PP gallego seguirá la senda que le marquen desde Génova, aunque eso suponga dejar en segundo plano demandas gallegas que antes se consideraban pertinentes.
La Xunta defiende ahora, en consonancia con las directrices del PP nacional, que la negociación del nuevo modelo de financiación se aborde en una Conferencia de Presidentes.
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Sí hay consenso entre los partidos gallegos, sin embargo, en que la financiación autonómica es insuficiente para atender el coste real que supone prestar los servicios en un territorio en declive demográfico y con unos 30.000 núcleos de población desperdigados por sus 30.000 kilómetros de superficie. Pero poco más. La postura, al menos hasta ahora, son casi antagónicas.
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