Francia prohíbe temporalmente pescar en el golfo de Vizcaya
Francia ha decidido prohibir la pesca en el Golfo de Vizcaya durante cuatro semanas para proteger a los cetáceos “del riesgo de captura accidental”. La medida empezó el 22 de enero y se extenderá hasta el 20 de febrero, y veta la actividad a pesqueros de todas las nacionalidades, de más de ocho metros de eslora, que utilicen redes de “arrastre, cerco y artes menores de enmalle, enredo, volanta y rasco”.
En un principio, el Consejo de Estado francés había informado que esta medida estaba enfocada únicamente para barcos con bandera francesa, pero finalmente el gobierno la extendió a todas nacionalidades, mediante un recurso de emergencia que contempla el artículo 13 del Reglamento europeo sobre Política Pesquera Común. Una decisión respaldada por la Comisión Europea y por el gobierno español, tras los buenos resultados de este veto realizado ya a principios de 2024.
Según los datos del Observatorio Pelagis, entre diciembre de 2023 y marzo de 2024, cuando se produce la mayor concentración de cetáceos, murieron 1.450 ejemplares frente a los 6.100 de media de años anteriores durante ese mismo periodo. “Durante las tareas de observación sobre el Golfo de Vizcaya (CAPECET) en invierno, desde hace varios años observamos regularmente cadáveres de delfines a la deriva. En los últimos vuelos no se observó ninguno, aunque se recorrieron 800 kilómetros para observación en zona de riesgo”, afirman desde el observatorio francés dedicado a la conservación de mamíferos marinos.
Unos resultados positivos que han animado a las autoridades a renovar la prohibición durante este periodo de tiempo, además de incluir el uso obligatorio de dispositivos acústicos de disuasión y un programa de seguimiento de los pequeños cetáceos a lo largo del año, a través de observadores a bordo y cámaras, según explica la propia Comisión.
Una pesca de fondo mortal
La pesca de fondo afecta gravemente los fondos marinos y los ecosistemas bentónicos, y su veto responde también a la necesidad de equilibrar la actividad económica de la pesca con la conservación de los recursos marinos, según reconocen las propias autoridades de España y Francia.
En el caso del golfo de Vizcaya, los pescadores buscan especies que suelen encontrarse en el fondo del golfo, como calamares, sardinas, merluza o lubina, mediante la pesca de arrastre, provocando que miles de delfines queden atrapados en las redes y acaben heridos o muertos. Tras el aumento de las muertes de estos animales en los últimos años, y la presión de distintas organizaciones ambientalistas, el gobierno francés accedió a prohibir la pesca durante cuatro semanas en la zona, tiempo en el que se concentran más cetáceos en el golfo.
“Esta medida de emergencia llega después de varios años en los que científicos y ONG han seguido alertando de que el número de delfines asesinados cada año por los artes de pesca (un número que sigue aumentando año tras año) es insostenible para la supervivencia de la población”, reza el comunicado lanzado por la organización Sea Shepard, e insisten en que la única manera de evitar la extinción de la población de delfines en el Golfo de Vizcaya es ampliar más tiempo la prohibición de la pesca en la zona, que se extiende desde la costa norte de España hasta Bretaña.
Por el lado de las organizaciones pesqueras, niegan para EL PERIÓDICO que sean responsables del aumento de las muertes de estos animales: «No somos los causantes del varamiento de los delfines y en realidad hay una sobreabundancia de delfines, que según algunos científicos lo explican por el aumento de la temperatura del agua en el Golfo de Vizcaya», afirma Mikel Ortiz, gerente de la OPPAO-Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa, e insisten en que «sus barcos llevan científicos de Azti a bordo, y nuestras redes van equipadas con pingers que son dispositivos acústicos que ahuyentan a los cetáceos. El uso de estos dispositivos redujo un 90% toda interacción con todo tipo de cetáceos, delfines incluidos».
Una medida que tensa al sector pesquero de la zona
Esta medida, que podría acabar repitiéndose cada año, afecta a unos 300 buques que trabajan con prácticas consideradas de riesgo para el medio ambiente, y que ya han levantado la voz por los efectos negativos que tiene para la actividad económica del sector pesquero de la zona.
«Consideramos lamentable esta decisión porque nos prohíben llevar a cabo nuestro trabajo durante 4 semanas, durante las cuales dejaremos de traer 140.000 kgs de merluza fresca», afirman desde la OPPAO, que ya calculan un impacto económico superior al medio millón de euros.
Ante estas pérdidas, el gobierno francés anunció que los barcos afectados “serán compensados por sus pérdidas con ayudas que irán de entre el 80% y el 85% del volumen de negocio”. También el gobierno español insistió, en que se ayudará a las flotas pesqueras afectadas. Aunque del otro lado, afirman que las ayudas marcadas en el el Real Decreto 1173/2015 son insuficientes: «No estamos de acuerdo con el hecho de que les llamen ayudas; si a una empresa se le prohíbe ejercer su actividad ordinaria durante 1 mes, no se debe hablar de ayudas sino de indemnización compensatoria. El matiz es importante, porque mientras la ayuda cubre un 25% de los ingresos perdidos, la indemnización debería compensar por la totalidad de los ingresos perdidos». Además, denuncian retrasos en el cobro de las ayudas prometidas: «Nuestros trabajadores no han cobrado la ayuda por el cierre de enero del año pasado».
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