grandes inversiones militares, sin objetivos estratégicos
Estamos en un mundo cada vez más turbulento. El nuevo orden multipolar está destrozando las estructuras construidas desde el final de la Guerra Fría. Washington, Beijing y Moscú buscan llevar a cabo y completar sus agendas para mantener o conquistar nuevas áreas de poder en la esfera global. Por otro lado, actores secundarios como Bruselas, Tel Aviv y Rabat están tratando de quedarse atrás de estas grandes potencias y proyectos para lograr sus propias agendas con el fin de establecer mejores posiciones que favorezcan sus objetivos estratégicos para (al menos) la próxima década.
En este escenario cambiante y delicado, la política española para reforzar su posición y aprovechar oportunidades brilla por su ausencia. No sólo eso, también están las malas decisiones que ha tomado el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha dado un vuelco respecto a las inversiones en defensa, pero sin tener claro qué se debe conseguir con esos contratos multimillonarios transferidos a la industria militar nacional e internacional. Antes de finalizar el año, nuestro compañero Esteban García Marcos afirmó que el saldo al cierre del ejercicio 2025 “es agridulce, tendiendo al gris oscuro”. ¿Por qué esta opinión? La respuesta se encuentra en el cruce de datos e intenciones por parte del Gobierno.
A partir de 2024 y principios de 2025, la OTAN comenzó a exigir a sus miembros que gastaran más en defensa. El 2,1% del PIB nacional ha sido uno de los elementos clave, pero este porcentaje se ha vuelto pequeño, especialmente tras la llegada de Donald Trump a su segunda presidencia en Estados Unidos. La reinstaurada administración republicana ha pedido que la OTAN exija un mínimo del 5%, cifra que puso a los países europeos (tras la alarma inicial) manos a la obra. Todo ello en un panorama alineado con la escalada de la guerra en Ucrania y los movimientos chino-estadounidenses en el frente del Indo-Pacífico.
España, inicialmente reacia a aceptar tales gastos, decidió poco después tomar las medidas necesarias para aumentar el porcentaje base. A mediados de abril, Pedro Sánchez hizo una aparición sorpresa donde informó que destinaría 10.471 millones de euros a ese objetivo. A partir de ahí, fuentes oficiales, analizadas en esta sección y otros medios especializados, han dado buena cuenta de que las arcas del Estado están firmando los citados contratos multimillonarios con la industria militar. Una búsqueda rápida puede aportar a cualquier persona interesada información al respecto. Por ejemplo, los 1.000 millones para la adquisición de camiones medianos y pesados, los 432 millones extra añadidos al programa de submarinos S-80, los 1.700 millones del contrato para recibir un gran paquete de unidades de lanzamiento de los misiles Patriot o los 4.516 millones para el nuevo programa de artillería autopropulsada en cadenas. Esto sin contar el caso del programa de 2.000 millones para suministrar al Ejército el nuevo vehículo blindado 8×8 Dragon.
En resumen, el Gobierno ha invertido millones en el trabajo del Ministerio de Defensa. De ahí la parte «dulce», pero la parte «agria» y la parte que «tiende al gris oscuro» se encuentra en la falta de visión geopolítica del país ibérico. España, situada en la periferia de Europa, se siente alejada de los grandes temas que preocupan al continente y al planeta. Por eso lamentablemente ha desarrollado un pensamiento «bastante ingenuo» respecto a su proyección estratégica. Comentario de Pablo del Amo, analista de defensa y miembro de Descipra la Guerra. Tanto es así que, a pesar del desplazamiento de las inversiones, este flujo monetario no pretende aumentar su presencia, defender sus intereses ni su soberanía frente a actores externos. Del Amo, que publicó recientemente «La Defensa Española» (Catarata) entiende que «la estrategia debe guiar la acción militar. Sin acción diplomática y sin visión estratégica, la defensa queda ciega».
Esta última afirmación es muy sugerente, ya que contiene entre líneas la clave de una buena inversión en defensa: los planes a largo plazo. Es cierto que se puede valorar positivamente que España esté intentando dotar a sus Fuerzas Armadas de la última tecnología disponible y modernizar los sistemas existentes. Sin embargo, dar millones sin planificación no es la política eficaz que algunos piensan. Teniendo esto en cuenta, está claro que España comienza 2026 con un gasto militar creciente, pero sin ninguna directriz que respalde la financiación de este proyecto.
Al margen de la llegada de estos contratos millonarios, que es evidente que seguirán, en este nuevo año que comienza el Ministerio de Defensa tendrá que afrontar cuestiones importantes. A nivel nacional veremos si se busca una solución al estancamiento del programa 8×8 Dragon, a la progresiva sustitución de los aviones de combate por Eurofighter y, sobre todo, a la evolución de la crisis abierta entre funcionarios ministeriales y asociaciones militares. El 29 de diciembre, este último solicitó la «dimisión inmediata» de Margarita Robles. El ministro despreció las peticiones de mejora salarial para los efectivos realizadas por las asociaciones AUME, UMT y Afaspro. Aunque la disputa no parece haber trascendido, todo indica que la cuestión es un torpedo directo a la línea de flotación de las actuales políticas de defensa del Gobierno de Sánchez. Políticas que, como destacó el presidente de la UMT, Francisco José Durán, se basan en «comprar hierro» y dejar de lado lo que más importa: las personas que integran las fuerzas armadas.
A nivel internacional, no hay duda de que veremos una intensificación de las exigencias de Donald Trump hacia sus «aliados» europeos, el deterioro de las relaciones con África, las tensiones en el flanco oriental de la UE en medio de unas conversaciones de paz que no parecen llevar a buen puerto, así como la creciente importancia de China en el planeta. A partir de ahí no se pueden ignorar otros problemas, como las ofensivas israelíes que desestabilizan Medio Oriente, así como los esfuerzos de Estados Unidos por socavar el régimen de Nicolás Maduro, objetivo que ya ha comenzado. Sea como fuere, España entra así en el segundo cuarto del siglo XXI con un panorama nada halagüeño que no augura nada bueno.
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí