La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió a comienzos del pasado mes de junio «restricciones sustanciales» para la pesca rusa. Lo hizo en el marco del vigesimoprimer paquete de sanciones contra el país de Vladímir Putin, en respuesta a la guerra en Ucrania. Y entre las medidas anunciadas destacó la prohibición completa del bacalao, uno de los productos estrella de la flota oriental. Desde entonces ha pasado más de un mes de negociaciones y discrepancias en torno a esta propuesta, que necesitaba el plácet de todos los Estados miembros para prosperar. Y no lo ha hecho. Al Ejecutivo comunitario no le ha quedado más remedio que cesar en su intento de penar al Kremlin por esta vía —⁠que aspiraba a ser la primera ofensiva contra el sector pesquero de la nación más grande del mundo⁠—⁠. Solo así ha logrado luz verde para la gran mayoría de actuaciones que contemplaba en su último tren de castigos, adoptado el pasado jueves por el Consejo de la Unión Europea y que «asesta un duro golpe» a Moscú en ámbitos como la energía, los servicios financieros y las criptomonedas.