La Agencia Tributaria decidió no recoger el guante y descartó la idea. Sin embargo, se debatió internamente. Un exfuncionario que ocupó responsabilidades en la estructura de la institución en esos años asegura que el asunto fue tema de debate al más alto nivel, pero que el objeciones técnicas y políticas que comenzaron a vislumbrar para poner en marcha el plan fueron de tal calibre que optaron por no meterse en aquel jardín.

La llegada a los tribunales de casos como los que afectan a José Luis Ábalos, Leire Díez o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto a poner en el punto de mira la posible necesidad de que la Agencia Tributaria preste mayor atención a un colectivo que no sólo genera casos de corrupción con cierta regularidad sino que también pesa la sospecha de cierta impunidad.

La Agencia Tributaria, sin embargo, no sólo lo ve ineficiente, sino también inviable. «Las líneas de control se establecen por riesgo fiscal y, normalmente, no pueden asociarse a profesiones o actividades específicas. No hacerlo perder eficiencia en el control porque implicaría iniciar controles por el mero hecho de trabajar en un determinado campo. Además, sería una investigación prospectiva, que no está sustentada en jurisprudencia», argumentan.

Una objeción tan fundamental no ha impedido que los planes de control fiscal en el pasado se dirigieran a grupos profesionales como atletas o artistas de élite, debido a los riesgos fiscales asociados con la recaudación de ingresos en diferentes países, o a empresarios, debido a la creación de estructuras corporativas para ocultar ingresos. Nunca se ha hecho tal mención a políticos o altos cargos de la Administración, aunque las tramas de corrupción descubiertas se dan bajo parámetros muy similares. La legislación contra el blanqueo de capitales, por el contrario, exige una vigilancia más exhaustiva de este grupo.

La historia pública y la realidad.

ABC ha puesto a prueba la opinión de tres exdirectores de la Agencia Tributaria para este artículo bajo condición de anonimato. Los tres coinciden con la posición del organismo. Aseguran que hacer un plan de control específico sobre altos cargos y políticos sería ineficiente desde el punto de vista técnico y, añaden, políticamente inviable.

«Hay que diferenciar los planes de inspección, que son aquellos en los que la selección concreta de los contribuyentes a inspeccionar en un año determinado se realiza en función de una serie de criterios de riesgo, y cuyos resultados están prácticamente automatizados, de modo que si eres un alto funcionario y te vas, serás investigado; y los planes de control tributario, que son un documento teórico que simplemente informa sobre las prioridades de Inspección. ¿Se podría incluir allí una referencia a los políticos para aliviar un poco la alarma social por estos casos? Bueno, sí, pero no tendría ningún significado práctico», afirma uno de los exdirectivos consultados.

El problema, señala otro, no es tanto que exista un plan de control específico sino que algún político, alto funcionario o persona cercana sea seleccionado en un plan de inspección y no sea inspeccionado. El expresidente de la asociación de inspectores de Hacienda, Ransés Pérez Boga, reconoce que la exigencia de que se hiciera un plan de control sobre altos cargos y políticos tenía el riesgo de que alguien pudiera verse tentado a abusar de esa coartada para investigar a rivales políticos.

Uno de los ex responsables de la Agencia Tributaria consultados destaca que la mayoría de los casos conocidos son episodios de corrupción y que la corrupción no es objetivo directo de la Agencia Tributaria sino de la Fiscalía especializada. El papel de la Agencia Tributaria allí sería reclamar los pagos de impuestos no declarados que pudieran salir a la luz. Y hay una objeción técnica. «En los delitos de corrupción, dependiendo de la naturaleza de la ventaja económica obtenida, suele ser Es discutible si se trata de renta imponible o de renta confiscable.hasta el punto de que si proviene de una actividad ilícita todavía no puede pagar impuestos», afirma otra de las fuentes consultadas.

Sin embargo, el portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, cree que hay margen para que los inspectores de Hacienda desempeñen un papel más proactivo en la persecución de la corrupción política. El grupo sigue reclamando la creación de la Oficina Nacional Antifraude (ONA), un nuevo órgano colegiado con competencias reforzadas y en el que podrían colaborar funcionarios de la UCO, la UDEF, la Fiscalía y la Agencia Tributaria para desentrañar tramas de corrupción. Peláez advierte de que hoy si la Agencia Tributaria iniciara un expediente contra una trama de corrupción, su paso preceptivo a la jurisdicción penal no sólo suspendería las actuaciones sino que aumentaría el riesgo de que estas pudieran caducar. «Hay argumentos sólidos para un mayor control sobre los políticos», subraya.