El consumo sitúa a los propietarios en el blanco de la crisis inmobiliaria tras la propuesta de Sánchez de darles una bonificación del 100% sobre los ingresos por alquiler en el IRPF y advierte que sus alquileres superan en un 82% los de los inquilinos. En concreto, datos preliminares de un informe que está elaborando el Ministerio de Consumo y al que ha tenido acceso LA RAZÓN apuntan a que el La diferencia de renta entre propietarios e inquilinos es de 23.638 euros, teniendo los propietarios una renta media de 52.449 euros, frente a los 28.810 euros de los inquilinos.

Esta brecha se está ampliando en algunas regiones, donde los ingresos de los propietarios ya duplican los de los inquilinos. Se trata del Comunidad Valenciana con un 124% (23.383 euros de renta mediana de los inquilinos vs. 52.279 euros de renta de los propietarios); Extremadura con el 117% (20.260 euros vs 43.926 euros); Murcia con el 114% (23.702 euros y 52.449 euros); Castilla-La Mancha con el 103% (20.538 euros vs 41.762 euros); Galicia con el 99% (28.091 euros y 55.915 euros); Canarias con el 97% (25.523 euros vs 50.310 euros); Cantabria con el 97% (26.408 euros vs 52.036 euros) y Asturias con el 97% (28.126 euros vs 55.475 euros).

Las menores distancias entre rentas de los propietarios las registran, sin embargo, La Rioja, con un 63% (31.053 euros frente a 50.505 euros); Castilla y León con el 64% (29.377 euros vs 48.055 euros); Baleares con otro 64% (36.952 euros vs 60.719 euros) y Ceuta con el 71% (35.949 euros vs 61.389 euros). También por debajo de la media se encuentran Melilla con un 74% (26.597 euros frente a 46.323 euros); Aragón con el 75% (31.423 euros vs 54.985 euros); y Madrid con el 77% (35.325 euros vs. 62.580 euros). Y Andalucía está en la media (25.493 euros frente a 46.450 euros).

Según Consumo, Si los contratos que vencen en 2026 y 2027 se renuevan a precios de mercado, la brecha de renta entre propietarios e inquilinos aumentaría en 2.216 euros de media, hasta el 90%, ya que la renta media de los propietarios ascendió a 52.665 euros. En este caso, la mayor brecha entre la renta de los inquilinos y la de los propietarios alcanzaría el 136% en la Comunidad Valenciana. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, destaca que destinar recursos públicos «a propietarios y arrendadores, a quienes tienen prácticamente el doble de ingresos que los inquilinos, que están sufriendo esta crisis, es una medida que no compartimos y no compartiremos en ningún caso».

Es lógico que quienes son propietarios tengan rentas superiores a las de sus inquilinos, pero Consumo ha utilizado estos datos para defender su posición frente al Gobierno que introduce vía real decreto-ley una bonificación del 100% en el IRPF sobre las rentas del alquiler para aquellos propietarios que no suban los precios. El fondo de la medida pretende premiar a aquellos propietarios que no ejerzan su derecho a fijar el precio de sus arrendamientos con el objetivo de frenar las subidas, pero su diseño tiene lagunas, ya que Actualmente, se ofrece una reducción fiscal menor (90%) a aquellos propietarios con viviendas en alquiler en zonas tensionadas que reduzcan los alquileres al menos un 5% respecto al contrato anterior.

Como alternativa, Sumar defiende su propuesta de prorrogar automáticamente 632.369 contratos de alquiler que finalizarán en 2026, lo que beneficiaría a más de 1,6 millones de personas que podrían sufrir un incremento anual de 1.735 euros de media con la renovación. Hay otros 405.234 que vencerán en 2026, los beneficiarios podrían llegar a 2,7 millones de inquilinos.

Con la crisis inmobiliaria reducida a una pelea entre propietarios e inquilinos, Sumar asegura que los únicos perjudicados por esta medida serían «aquellos que pretendan utilizar la renovación de un contrato de alquiler para incrementar el precio de la vivienda un 40%». Aunque el partido liderado por Yolanda Díaz y las inmobiliarias coinciden en que la medida anunciada por Sánchez no solucionará el problema de la vivienda en España, sus argumentos son diferentes. Sumar pone a los propietarios en el centro del problema, mientras las inmobiliarias hablan de la necesidad de dotar al propietario de seguridad jurídica para incrementar la oferta.