Interior envía a las Cortes un proyecto de ley para regular a quienes operen en servicios esenciales para el país
En un momento de crisis nacional, quienes regulan la extracción de las aguas residuales, o quienes administran empresas de transporte, o los que tienen en sus manos la llave del gas para calefacción tendrán que atenerse a una responsabilidad añadida como operadores de servicios esenciales para que el país no se pare. La primera experiencia de la importancia de estos operadores la tuvo España a la fuerza durante la pandemia de covid, cuando el Gobierno tuvo que hacer excepciones a la orden general de confinamiento. No podían encerrarse los panaderos, ni los agricultores, ni los técnicos de las presas, ni los sanitarios, ni los que mueven las mercancías para abastecerlos a todos ellos.
[–>[–>[–>Seis años después de aquella acuciante situación, los trabajos de Interior para poner orden en la seguridad de entidades que gestionan infraestructuras críticas están ya negro sobre blanco. Se reúnen en un proyecto legislativo que el Gobierno envía desde hoy al trámite parlamentario con el título de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas. Lo ha anunciado este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros. El fin es «apoyar a las entidades públicas o privadas que operan con las infraestructuras críticas», con el objetivo final, en resumen, de «reforzar la protección y minimizar los riesgos», ha dicho.
[–> [–>[–>El anuncio llega casi un año después de que el Ejecutivo aprobara el anteproyecto, en mayo de 2025, poco después del apagón de abril. Ahora, para cumplir ese objetivo, si la el proyecto de ley pasa con éxito por las Cortes, son necesarios trabajos previos, cimientos. Interior elaborará un Catálogo Nacional de este tipo de entidades. El catálogo incluirá elementos basándose en otra previa preparación: la edificación de la Estrategia Nacional de Infraestructuras Críticas, que por ley habrá de renovarse cada cuatro años y que ha de aprobar el Consejo de Seguridad Nacional.
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Interior, en el centro
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En ambos trabajos ocupa el lugar central el segundo escalón de Interior. La Secretaría de Estado de Seguridad es el órgano de referencia fijado en el proyecto, el nodo para la recepción de información, inclusión de activos y entidades y designación de personal habilitado… todo ello a través de otro organismo dependiente que pasará a ser transformado, comenzando por su nombre: el CNPIC, o Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, pasará a llamarse Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas (CNPREC).
[–>[–>[–>A este centro le corresponde elaborar el catálogo de entidades o «servicios indispensables para mantener las funciones sociales o las actividades económicas vitales», ha dicho Marlaska. No ha habido en la presentación del proyecto de ley alusiones al Departamento de Seguridad Nacional, que en esta ocasión está al margen del proceso.
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Usuarios del intercambiador de transportes de Moncloa, el mayor de España, afectados por el apagón del pasado 28 de abril. / Borja Sanchez-Trillo EFE
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Con la nueva ley se incorporará al Ordenamiento Jurídico español una directiva europea que ya en 2022 pedía a los estados de la UE unificar criterios y elaborar catálogos: si algo caracteriza a muchos operadores de infraestructuras críticas en Europa es su interconexión. Enfrente, «un panorama de amenazas cada vez más dinámicas y complejas», ya sean fenómenos naturales o sabotajes.
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[–>Será la Secretaría de Estado de Seguridad, que ahora dirige Aina Calvo, incluirá en el catálogo nacional a sectores nuevos que también se consideran críticos: el hidrógeno, la calefacción de las casas en invierno, la viabilidad de las cloacas, entidades de investigación, transformadores de alimentos o vigilantes privados, entre otros.
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Obligaciones
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Tal y como ya se especificaba en el anteproyecto, quedan fuera de esta ley las entidades que manejan infraestructuras de Defensa, redes digitales, entidades financieras o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autonómicos: ya tienen sus propias normas.
[–>[–>[–>A partir de la aprobación de la nueva ley, las entidades que operen infraestructuras críticas deberán tener elaborados sus planes «con medidas de protección física, respuesta y mitigación de daños», ha explicado el ministro. Y su personal en contacto con servicios críticos habrá de pasar un filtro de seguridad, una habilitación específica que examina su cualificación y disponibilidad, especialmente para un responsable de resiliencia.
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Además, cada entidad deberá tener activo y claro un punto de contacto para el sistema, así como un medio establecido para notificar a Interior las incidencias que esté sufriendo. El ministerio emitirá una certificación de que la entidad poseedora supera los niveles de preparación para posibles situaciones de crisis.
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