MADRID 4 de julio (EUROPA PRESS) –

El Ministro del Interior ha reconocido un aumento del 52% en las armas blancas desde que empezó a reflejar esta estadística en 2019 dentro de una de las categorías del Registro Nacional de Armas, pasando de 15.140 armas blancas a 21.534 en 2025.

En una respuesta parlamentaria, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno informa de que la funcionalidad del Registro Nacional de Armas relacionada con las armas blancas -quinta categoría del Reglamento de Armas- comenzó a implementarse en 2019.

Las estadísticas muestran una evolución creciente desde ese año, ya que en 2020 se registraron 15.464 armas blancas, cifra que se eleva a 17.404 en 2022 y 19.382 en 2023. El último dato consolidado es el de 2025, con 21.534 armas blancas.

A PETICIÓN DE BILDU

El dato ha sido ofrecido por el Gobierno a petición de EH Bildu, que ha querido conocer el número de incautaciones o intervenciones de armas blancas que se han llevado a cabo en los últimos diez años, así como los procedimientos sancionadores que se han iniciado y el número de sanciones que se han impuesto por portar, exhibir o utilizar las citadas armas cuando los hechos no constituían delito; También pidió información sobre personas que han resultado heridas o muertas.

En este sentido, Interior ha explicado que no existe ningún tratamiento ni en el Sistema Estadístico de Delitos ni en el Registro Nacional de Armas que permita realizar consultas sistemáticas para conocer con exactitud la edad de las personas que portan estas armas blancas, ni el número de personas que han resultado heridas, fallecidas y otros datos estadísticos solicitados.

El actual Registro Nacional de Armas se creó a raíz del Real Decreto 726/2020 que modificó el Reglamento de Armas de la Guardia Civil, cambio que el Ministerio del Interior justificó por la necesidad de mejorar la identificación y trazabilidad de los propietarios, incluyendo armas, municiones, componentes esenciales, guías, autorizaciones y licencias.

COMPROMISO MARLASKA EN EL CONGRESO

El debate sobre el endurecimiento del seguimiento de las armas blancas fue retomado en abril por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien se comprometió en el Congreso de los Diputados a preguntas del PNV a impulsar «lo antes posible» nuevas medidas para combatir su presencia en espacios públicos relacionados con el ocio y «evitar disfunciones».

Durante la sesión de control, Marlaska ha remitido al Gobierno al acuerdo de la Comisión Bilateral con el País Vasco del pasado 27 de marzo para abordar este problema de forma «correcta y coordinada», lo que implica reformas legislativas y sensibilización de la ciudadanía.

La ministra se refirió al artículo 146 del Reglamento de Armas para «facilitar una interpretación homogénea y clara por parte de todos los operadores jurídicos», así como al artículo 43 de la Ley de Seguridad Ciudadana o a la necesidad de hacer más «eficaz» el Registro General de Infracciones en materia de seguridad ciudadana.

El diputado del PNV, Mikel Legarda, también mencionó el acuerdo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, para exigir concreción en las medidas que pongan fin a las noticias «más frecuentes de lo deseable» de peleas con arma blanca, especialmente en zonas urbanas y con participación de población tanto extranjera como nacional.

Marlaska recordó la instrucción dictada en 2022 donde ya se reforzaba el control sobre este tipo de armas y la prevención de su uso, así como el plan policial contra los grupos juveniles violentos «donde estos hechos se producen con cierta regularidad».

El marco legal hasta la fecha es la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que considera infracción grave portar, exhibir o utilizar armas prohibidas, y el Reglamento de Armas de 1993, que el PNV considera que tiene limitaciones para actuar porque se rige por el tamaño del arma y prohíbe estoques, dagas de cualquier tipo, navajas automáticas y hojas de más de once centímetros.

El Gobierno Vasco ya había dicho que ese marco legal se quedaba corto. De hecho, el pasado 20 de marzo, el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, pidió al Ejecutivo modificar esta ley con el objetivo de prohibir «totalmente» el porte de cuchillos en zonas de ocio nocturno, en medios de transporte y accesos y en espacios públicos o festivos donde se produzcan aglomeraciones de personas.