MADRID 25 de julio (EUROPA PRESS) –

Las autoridades iraníes han criticado este sábado la «hipocresía» de la Unión Europea a la hora de hablar de Derechos Humanos después de que la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, expresara su «preocupación» por la represión en territorio iraní.

«Kaja Kallas habla sobre las preocupaciones de la Unión Europea en materia de derechos humanos con respecto a Irán. ¿Cómo puede conciliarse tan fácilmente un supuesto compromiso con los derechos humanos con la prestación de apoyo logístico y técnico para cometer agresiones letales contra el pueblo iraní?» preguntó el portavoz del Ministerio iraní de Asuntos Exteriores, Esmail Baqaei, en un mensaje publicado en las redes sociales.

Así, lamentó que estas «agresiones», precisamente, «implican ataques deliberados contra civiles e infraestructuras nacionales de vital importancia» en Irán. «Todo ello negándose a condenar incluso los crímenes de guerra más flagrantes, y sin ofrecer una sola palabra de simpatía por los niños iraníes masacrados por bombas y misiles estadounidenses e israelíes, que se han obtenido gracias al propio apoyo logístico y técnico de la UE», afirmó.

Por eso ha calificado la postura de la UE como una forma de «banalidad del mal» y un acto de «más pura hipocresía», así como una «pérdida de credibilidad» para el bloque comunitario.

Sus palabras llegan poco después de que la UE haya aprobado nuevas sanciones contra seis personas por su «responsabilidad por graves violaciones de los Derechos Humanos» en Irán, entre ellas cinco jueces de tribunales revolucionarios y un destacado miembro de un grupo de cibercrimen vinculado al régimen, al que el bloque atribuye haber facilitado la persecución de opositores políticos, activistas y minorías religiosas.

La nueva batería de medidas adoptadas por los Veintisiete responde a la intensificación de la represión interna en Irán y eleva la lista de sancionados a 269 personas y 53 entidades. Las medidas contemplan la congelación de activos, la prohibición de viajar a territorio comunitario y el veto a poner fondos o recursos económicos a disposición de los afectados.