La situación geopolítica en el Estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de una nueva crisis económica global con consecuencias devastadoras para el bolsillo de los ciudadanos. Según Carlos Cuesta y Beatriz García, el régimen iraní está utilizando este enclave estratégico como herramienta de chantaje internacional. Al amenazar con bloquear el paso por el que circula el 20% de la población petróleo mundial y una cantidad similar de gas natural licuado, Irán busca asfixiar las economías occidentales para forzar un cambio en la política exterior de Estados Unidos e Israel. Esta maniobra de presión no es sólo un conflicto militar, sino un ataque directo a la estabilidad financiera de millones de familias que ya sufren las consecuencias de una inflación galopante.

En España, el impacto es inmediato y doloroso. Los precios de la gasolina y el diésel rozan ya los dos euros el litro, una barrera psicológica que supone un auténtico calvario para conductores y transportistas. Sin embargo, los datos revelan que el aumento del petróleo crudo no es el único culpable. Él Gobierno de Pedro Sánchez mantiene una voracidad fiscal que impide cualquier alivio real para los ciudadanos. Casi el 50% del precio pagado en el surtidor es impuestos directoscomo el TINA y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Mientras el precio del barril sube, la recaudación del Tesoro de María Jesús Montero se dispara, convirtiendo al Estado en el principal beneficiario de la crisis energética.

La factura de la luz sigue un patrón similar de intervención y asfixia. Los datos muestran que sólo el 54% de lo que paga el consumidor corresponde realmente al energía consumida. El resto se compone de costes fijos, peajes de transporte y una maraña de impuestos destinados a financiar el políticas climáticas y energías renovables. Desde una perspectiva liberal, es inaceptable que el Ejecutivo se escude en factores externos mientras se niega a tocar la estructura tributaria que él mismo controla. En lugar de seguir el ejemplo de países como la Italia de Giorgia Meloni, que propone poner fin a la criminalización de los derechos de CO2Sánchez prefiere mantener la presión fiscal para alimentar su gigantesco gasto público.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido objeto de duras críticas por su falta de concreción y su actitud evasiva ante la urgencia de la situación. Mientras los ciudadanos pierden poder adquisitivo Cada día, el Gobierno se limita a pedir tiempo para «cerrar textos» y ajustar detalles técnicos, una táctica dilatoria que sólo sirve para seguir recaudando gracias al efecto de la inflación sobre las bases imponibles. Este parálisis del gobierno Se percibe como una falta de respeto hacia una sociedad que ve cómo el coste de la vida se vuelve insoportable, afectando desde la cesta de la compra hasta los desplazamientos básicos al trabajo.