La lucha de Patricia Ramírez por Se respetan los derechos de las víctimas. y se cumple la pena impuesta por el asesinato de su hijo. Gabriel agregó nuevo apoyo legal. La Audiencia Provincial de Almería confirmó la intervención del dinero que podría recibir en prisión la condenada, Ana Julia Quezada, tras desestimar el recurso presentado por su defensa contra esta medida.

La decisión fue comunicada por decreto del 5 de diciembre y representa un paso relevante para la familia, que denuncia desde hace años el incumplimiento de la responsabilidad civil. Como recuerda la propia Ramírez en un comunicado de prensa publicado el 16 de diciembre, durante todo este período «Recibimos menos de 250 euros en concepto de responsabilidad civil».

El tribunal considera que todas las necesidades esenciales de la detenida están cubiertas dentro del centro penitenciario y que, por tanto, cualquier cantidad adicional que reciba podrá destinarse al pago de una indemnización. Según los términos literales del escrito remitido por la madre de Gabriel, el Juzgado reconoce «el carácter embargable del dinero así como de cualquier otra pensión, subsidio que pudiera reconocerse o cuantía por cualquier concepto», sabiendo que el mínimo de subsistencia «ya se percibe dentro del centro penitenciario».

La resolución judicial rechaza así los argumentos de la defensa y asume el planteamiento de la fiscalía, que Sostuvo que los excesos económicos deberían tener como objetivo “satisfacer los intereses de las víctimas”. y pagar su responsabilidad civil”. A partir de ahora, la familia espera que el centro penitenciario informe cualquier trabajo o ingreso que perciba el condenado, con el fin de evitar que se repita una situación que consideran injusta y prolongada en el tiempo.

La fiscalía pide que se investiguen sus posibles activos fuera de España

Paralelamente, la fiscalía volvió a pedir a la audiencia provincial que investigue posibles activos fuera de España. “Han pasado siete años desde que alguien nos dio noticias de la existencia de su supuesta casa. a pesar de que aparece en procedimientos policiales e incluso en algún documental”, lamenta Patricia Ramírez, que denuncia la falta de información sobre este patrimonio y su posible destino para el pago de indemnizaciones.

El comunicado también aborda otro aspecto sensible del proceso legal, el relacionado con la seguridad de la propia Patricia. Según él, se está realizando un estudio sobre las amenazas recibidas recientemente, calificadas de «graves» por la Fiscalía. Una circunstancia que, a pesar de la dureza del proceso, le permite alimentar una cierta esperanza. “Me dan confianza de que se está empezando a trabajar para proteger nuestros derechos y nuestra seguridad”, afirma.

Patricia Ramírez concluye agradeciendo el apoyo recibido a lo largo de este “largo e incansable proceso” y enviando un mensaje de buenos deseos para las fiestas navideñas.

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