MADRID, 27 de junio (EUROPA PRESS)-

La última sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el estado de Luisiana ha convertido la clásica batalla partidista por la redistribución de los mapas electorales entre republicanos y demócratas en un ataque frontal contra la Ley de Derecho al Voto de 1965, que blinda la representación de las minorías negras en las urnas.

El término «gerrymander», la táctica política de manipular los límites de los distritos, se popularizó gracias a una caricatura publicada en 1812 en la prensa de Boston, Massachusetts, que representaba al condado de Essex como una salamandra. El dibujo era un juego de palabras para referirse al gobernador demócrata-republicano Elbridge Gerry, quien ese año firmó una medida encaminada a mantener a su partido en el poder tras redefinir el mapa electoral de cara a las elecciones al Senado estatal.

Esta práctica, sin embargo, ya estaba instaurada casi desde los inicios de la democracia, siendo el padre fundador Patrick Henry uno de los primeros en recurrir a ella para garantizar la victoria frente a su rival, James Madison, en las primeras elecciones al Congreso en Virginia a principios de 1789.

En los últimos años, el ‘gerrymandering’ ha dejado de ser una simple estrategia para debilitar al rival político y se ha convertido en un mecanismo geográfico para diluir el voto de las minorías negras, fragmentando sus distritos o concentrándolos en uno para reducir su peso en las urnas.

Esto ha traído una larga cola judicial en los tribunales, que se han convertido en el verdadero campo de batalla en el que se decide el valor de cada papeleta, según el Centro Brennan para la Justicia, un think tank cuyo objetivo es proteger los derechos constitucionales.

LA LEY DE DERECHOS DE VOTO DE 1965

La represión de la Policía contra manifestantes negros en Alabama el 7 de marzo de 1965, enmarcada en las protestas impulsadas por el activista Martin Luther King, acabó precipitando la promulgación de la llamada Ley de Derecho al Voto, calificada como uno de los logros más importantes del movimiento por los derechos civiles.

La histórica legislación, diseñada para obligar a los estados a cumplir con la Decimocuarta Enmienda -que garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley- y la Decimoquinta Enmienda -que prohíbe restringir el voto por motivos de raza- permitió eliminar prácticas discriminatorias, como las pruebas de alfabetización o la obligación de pagar impuestos para votar.

En 1982, el Congreso modificó la sección segunda para permitir impugnar aquellos mapas que pudieran diluir el voto de las comunidades negras, aunque durante años ha sufrido numerosos reveses que han ido desmantelando sus pilares fundamentales.

Uno de ellos fue el fallo de la Corte Suprema de junio de 2013, que en la práctica anuló la sección quinta, que exige a los estados con un pasado de segregación y exclusión racial obtener la aprobación previa del gobierno federal para poder modificar las reglas electorales. Luego, los demandantes alegaron que el país había cambiado dramáticamente desde 1965, especialmente en un momento en que Barack Obama estaba al frente de la Casa Blanca.

Menos de 24 horas después de la caída de la sección quinta, numerosos estados, como Texas y Carolina del Norte, anunciaron restricciones al voto que afectaron específicamente al electorado negro, hispano y de bajos ingresos, exigiendo métodos de identificación más estrictos para los electores.

Pero la ofensiva no quedó ahí. Una nueva sentencia de la Corte Suprema de 2021, alineada con las restricciones impulsadas por Arizona, causó un daño importante a la segunda sección -la que prohíbe a los estados limitar el voto por motivos de raza o color-, dificultando impugnar cualquier norma discriminatoria contra las minorías.

La decisión dejó a las organizaciones civiles sin su última gran herramienta de defensa y dio paso a una nueva ola de restricciones en un momento de tensiones en las calles de todo el país tras el asesinato, un año antes, del ciudadano afroamericano George Floyd a manos de un policía en Minneapolis, en el estado de Minnesota.

EL MAPA ELECTORAL DE LUISIANA

El último golpe de gracia que desmanteló por completo el segundo apartado de la ley llegó el 29 de abril. La Corte Suprema anuló el mapa que exigía mantener dos distritos de mayoría negra en el estado de Luisiana, al considerarlo inconstitucional por priorizar la raza y discriminar a la mayoría de los votantes blancos.

La redistribución de distritos se llevó a cabo luego de un fallo de un tribunal inferior que determinó que el diseño anterior, de febrero de 2022, perjudicaba el voto negro al reducirlo a un solo distrito. La decisión de la Corte Suprema –escrita por el juez Samuel Alito y rechazada por los liberales Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown– hará aún más difícil presentar demandas en las regiones del sur, históricamente con una mayoría negra.

Como ocurrió en junio de 2013, estados como Carolina del Sur, Tennessee, Florida y Alabama han puesto sobre la mesa sus respectivos mapas a la luz del precedente creado por la Corte Suprema en abril. Más allá de las matemáticas partidistas -que permitirán a los republicanos arañar algunos escaños de cara a las próximas elecciones intermedias-, el verdadero trasfondo de esta disputa sigue estando en el peso del voto negro, que suele tener tendencia demócrata.

PARADOJA DEL Daltonismo

El debate en torno al «daltonismo» se centra en la premisa de que las leyes y las instituciones deben garantizar la neutralidad. Bajo esta lógica, los jueces de la Corte Suprema sostienen que la Constitución es «daltónica» en materia de raza, lo que justifica su oposición radical a tratarla como un criterio legal.

Sin embargo, este enfoque es insostenible, ya que choca con «siglos de prejuicios legales y constitucionales», como explica el historiador del derecho Paul Finkelman a Euroa Press. En los últimos años, esta profunda asimetría ha tenido su mayor exponente y catalizador social en las movilizaciones del movimiento Black Lives Matter.

El apoyo judicial a la redistribución de distritos como si fuera una simple estrategia partidista funciona como un «subterfugio» legal. Así, al permitir que se camufle el factor racial, se da «luz verde» a la fragmentación de las comunidades y a la dispersión del voto minoritario, dejándolos sin opciones reales de representación.

«Al mismo tiempo, estos jueces hasta ahora han permitido al gobierno federal, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, detener, interrogar e incluso arrestar a personas basándose en su acento, el idioma que hablan o su apariencia. Se trata, por supuesto, de categorías directamente relacionadas con las distinciones raciales y étnicas», explica.

La economista y jurista Chika Okafor coincide con la postura de Finkelman en un estudio publicado en 2025 en el que señala que este enfoque se basa en una premisa falsa, ya que incluso si no existiera la discriminación, las minorías recibirían menos oportunidades debido a la homofilia, la tendencia a asociarse con personas similares.

En política, esta exclusión se agrava aún más porque las mayorías conservan una mayor ventaja numérica y de recursos en sus redes. El estudio concluye así que la abolición de los distritos minoritarios bajo una supuesta neutralidad no genera equidad, sino que consolida la desigualdad estructural existente.

El “daltonismo” no sólo ha tenido impacto en el ámbito electoral, sino también en el educativo. Una sentencia del máximo tribunal puso fin a la ‘discriminación positiva’ en los criterios de admisión a la universidad al dictaminar que la raza no podía considerarse en estos casos.