La Comunidad de Madrid investiga una presunta agresión sexual de un empleado a menores en un centro de acogida
El centro de acogida de menores extranjeros no acompañados situado en la Casa de Campo de Madrid vuelve a estar en el foco. Lo ha estado durante muchos meses por las persistentes quejas de la formación de ultra derecha en Madrid, que ha reclamado su cierre e identificado como un lugar que genera inseguridad a los vecinos. Hoy lo es pero porque la inseguridad se ha situado en el lado de los menores. Tras la denuncia de empleados del centro, la Comunidad de Madrid ha abierto una investigación sobre presuntos abusos sexuales a los residentes de este centro por parte de uno de los trabajadores y el Ministerio de Infancia y Juventud ha pedido a la Fiscalía que investigue también este centro pero por problemas relacionados con la infraestructura.
En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, ha afirmado que la entidad que gestiona el centro de primera acogida de menores, la fundación Antonio Moreno, apartó al trabajador «en cuanto tuvo conocimiento» de estos presuntos hechos, y se ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido.
Según ha publicado el diario Público, un grupo de 11 trabajadores del centro envió una carta en octubre de 2024 a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales denunciando los presuntos «abusos sexuales» a menores residentes por parte de empleados del centro y tras la inacción de la entidad que gestionaba las instalaciones hasta enero de 2025.
Obras de mejora pendientes
Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia ha solicitado a la Fiscalía la apertura de una investigación, y en su caso el impulso de medidas cautelares, ante la situación y el estado «muy deficiente» en el que se encuentra, con «humedades, sistemas de detección de humos rotos, falta de climatización básica, ventanas rotas e incluso falta de limpieza general, entre otras cuestiones». El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha echo eco de esta denuncia también esta mañana.
A preguntas de los medios, el portavoz del Gobierno regional ha asegurado que la Comunidad de Madrid tiene proyectada una inversión de 4,5 millones de euros para acometer las obras de mejora necesarias en estas instalaciones este mismo año, pero ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que si no han podido iniciar estos trabajos es por la «tensión» en la que se encuentran estos centros debido a la «la llegada masiva» de menores extranjeros no acompañados. En cualquier caso, García insiste en que el centro cumple «todas las condiciones y todos los requisitos legales».
En la pasada legislatura, durante la negociación de los primeros presupuestos que Isabel Díaz Ayuso sacó gracias al apoyo necesario de Vox, la formación entonces liderada por Rocío Monasterio logró que el ejecutivo autonómico se comprometiera a realizar una auditoría de todos los centros de menores no acompañados de la región. Poco después, el ejecutivo regional anunció el cierre de este con la promesa de que trasladaría a estos jóvenes a otro espacio más amplio, pero llegó la crisis migratoria y el ejecutivo autonómico decidió mantenerlo tal y como estaba con la idea de acometer las obras necesarias, que aún no han llegado.
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