España ha pasado de ser una democracia avanzada con instituciones sólidas para convertirse en uno de los países con el mayor deterioro institucional dentro del mundo desarrollado. Esto se evidencia por los datos más recientes del Variedades del Instituto de Democracia (V-Dem), que alertan a una deriva preocupante por la calidad democrática, la certeza legal y la atracción económica del país.

El informe V-DEM, que ha sido difundido por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), Tope Asociado con CEOE, en el marco de su informe de Julio Cayuncture, 2025, coloca España como el país que ha empeorado desde 2019 en la clasificación del control de la corrupción política de la OCDE.

En solo cinco años que coinciden con la era de Sánchez, España ha aumentado de 23 a 14. Una posición más alta en este índice significa más corrupción, que muestra la disminución institucional de España, que ya está en el grupo de los países más corruptos de todos aquellos que conforman la OCDD, militando en los rango de otros socios como México, Turquía, Hungría o Colombia.

Este índice le da a España una 10.3 a 100 puntaje En 2024. Traducido en términos relativos, esto representa un empeoramiento del 178 % desde 2019. Este es el peor rendimiento registrado en la OCDE durante los últimos cinco años. Además, a esta percepción institucional se agrega un hecho inquietante que la Comisión Europea contribuye en su último informe: a saber, que el 91 % de las empresas españolas creen que la corrupción está muy extendida (en comparación con el 64 % del promedio de la comunidad) y que el 51 % considera un obstáculo real para sus actividades comerciales (UE media: 36 %).

El índice de seguridad legal, en la misma línea

El deterioro institucional indicado por V-Dem y la Comisión Europea no es un evento aislado. Él Índice de seguridad legal del Instituto Juan de Mariana (IJM), presente este julio de 2025 con datos finales para 2023, ubica a España en el 20 de los 27 países de la Unión Europea, con una nota global de solo 6.5 puntos en 10. Es la peor calificación histórica del país desde que esta serie está preparada.

La caída reflejada en la publicación del IJM afecta los pilares esenciales del estado de derecho como:

• Ausencia de corrupción: España también cae en el índice de transparencia internacional, donde cae diez posiciones en un año y se encuentra en la Copa Mundial 46, su peor récord desde los años 90.
• Calidad regulatoria: España presenta un nivel de deficiencia regulatoria en un 33,4 % más alto que el promedio europeo, lo que representa una barrera directa para el espíritu empresarial y la inversión.
• Estado de la ley y control institucional: según el Banco Mundial, España se encuentra entre los cinco países desarrollados que han deteriorado su calidad institucional desde 2000.
• Efectividad del gobierno: en mínimos históricos según los indicadores del gobierno del Banco Mundial (WGI), con un colapso de 0.97 puntos en 2018 a 0.75 en 2023.
• Cumplimiento legal y respeto por los derechos fundamentales: España obtiene solo 0.72 en el índice sintético de operación de justicia preparado por el Proyecto de Justicia MundialLejos de países como Dinamarca (0.88), Suecia (0.85) o incluso Estonia (0.81).

El informe IJM también incluye un estudio de caso ilustrativo: el régimen fiscal para los trabajadores desplazados conocidos como la ley de Beckham.

La agencia fiscal otorgó durante años certificadas que luego decidió ignorar, comenzando inspecciones retroactivas de hace hasta once años. Este ruptura del principio confiable Legitimate ha generado una macrocausa con cientos de afectados, que denuncian inspecciones abusivas, falta de garantías de procedimiento e incluso amenazas penales. El resultado ha sido una pérdida de credibilidad internacional y un clima fiscal disuasorio para el talento y la inversión.

Otra dimensión preocupante del informe IJM está vinculada a la creciente politización del tribunal constitucional. Él 66 % De sus magistrados actuales han sido previamente posiciones políticas. Además, un uso abusivo de la ley de decretos se detecta como una legislación ordinaria: el actual presidente del gobierno ha aprobado 155 decretos, 26 más que Felipe González, a mediados del tiempo.

La Comisión Europea ya ha advertido sobre el impacto negativo de esta práctica en la certeza legal y la competitividad económica.
En su documento, el IJM concluye que España ha entrado en un círculo vicioso: cuanto más se deterioran las instituciones, más incentivos hay para el control político de ellos, que erosiona aún más su independencia y legitimidad.

La consecuencia directa es una pérdida de confianza, tanto interna como internacional, que socava la base del crecimiento económico y la coexistencia democrática.