Como ya se ha adelantado, comparado con el producto interior bruto, este resultado no está nada mal. De hecho, mejora las previsiones del Ministerio de Economía, ya que los pasivos se mantienen en el equivalente a 100,8% del PIB, lo que supone un descenso de 0,9 décimas respecto a hace un año. Previsiblemente, se allana así el camino que ha trazado el departamento que dirige Carlos Corpo para que el indicador siga bajando hasta situarse en torno al 76% en 2041, a quince puntos del 60% recomendado por las instituciones europeas.

Sin embargo, ante el ambicioso objetivo, es imposible ignorar que la deuda ha aumentado medio billón de euros en sólo siete años. Respecto al anterior Ejecutivo popular, la diferencia es de 40.747 millones, ya que en los seis años y medio en los que Rajoy fue presidente la cifra aumentó en 457.445 millones, hasta los 1.200 millones que era en julio de 2018.

Más allá de la buena marcha del PIB y de los más de 55 mil millones recibidos en fondos Next Generation, cabe recordar también que el actual Ejecutivo ha disfrutado de unos ingresos tributarios récord tras aumentar la presión tributaria del 34% en 2018 al 38% en noviembre de 2025 (según Fedea). La pandemia de la Covid-19, por supuesto, jugó en contra de la estabilidad presupuestaria, que en 2020 disparó el ratio de endeudamiento un 20% en apenas doce meses y sumó 122.552 millones a la ‘deuda’ de las Administraciones.

Tras el desastre de los confinamientos, en los años siguientes el Ejecutivo había logrado reducir la cifra de deuda que se sumaba cada año al balance, pero 2025 rompe la tendencia con 78.107 millones ‘extra’ respecto a los 45.196 millones que se sumaron al pasivo en 2024. Para comparar, hay que recordar que los populares también se enfrentaron a un sensacional ‘shock’ a manos de la Gran Recesión, que sólo en 2012 -el primer año después del derrocamiento del presidente Zapatero- añadió 184.770 millones a la deuda.

Fue precisamente durante esos años cuando el Banco Central Europeo (BCE) diseñó los programas de recompra que se volverían a aplicar después de la pandemia, incluso a riesgo de aumentar los pasivos de los estados miembros, pero con la recomendación de aplicar las reformas solicitadas por Mario Dragui -entonces presidente del BCE- para reducir el déficit.

Más de veinte años después, todo indica que la contención fiscal se resiste a nuestro país, aunque algunas administraciones son más complacientes que otras. En 2025, la ‘deuda’ del Estado aumentó un 5,1%, hasta 1.500 millones de euros que equivalen al 91,9% del PIB. Le siguen las comunidades autónomas, con un crecimiento del 1,8% que deja el saldo en 342.000 millones, y la Seguridad Social, que gracias a un sistema de pensiones que en 2024 tuvo un saldo negativo de 66.206 millones (si se financiara sólo con las aportaciones de los trabajadores), incrementó su pasivo más allá de los 136.000 millones (un 7,9% más).

Y una vez más, la única Administración que logró equilibrar sus cuentas fueron los ayuntamientos y diputaciones provinciales, que a lo largo del año pasado lograron reducir su deuda un 9,1%, hasta 21.000 millones. Precisamente, la rigidez fiscal de las corporaciones locales es una de las consecuencias de la crisis de 2008, que dio lugar a una Ley de Estabilidad Presupuestaria que prácticamente les impide incurrir en déficit.