Dos semanas después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran la costa caribeña de Venezuela el 24 de junio, la esperanza de encontrar supervivientes se ha extinguido casi por completo en el estado de La Guaira, el litoral devastado por los terremotos. El balance oficial ha alcanzado 3.811 muertos, 16.740 heridos y 6.462 personas rescatadas con vidaDe un total de 856 edificaciones afectadas y 190 colapsadas.

En las zonas más afectadas, como Caraballeda, decenas de familias continúan retirando escombros con sus propias manos ante la escasez de maquinaria pesada. César Padrón busca a sus dos hijos, de 10 y 12 años, en los edificios de construcción gubernamental OPP 26: «Hemos abierto cinco huecos y no los encuentran por ningún lado». Gabriela Veiga, quien espera noticias de su padre y tres familiares más, se aferra a la posibilidad de que han quedado atrapados en los pisos inferiores.

Para otros, como José Francisco Liendo, la prioridad ya no es la vida, sino la dignidad de los restos: «Lo que no queremos es que lleguen las máquinas y agarrarlos junto con los escombros como basura» cuando se empieza a limpiar el terreno, afirmó, dispuesto a identificar a su gente «por los dientes» para enterrarlos.

Un coste inasumible para gran parte de la población

El drama se ve agravado por el coste del rescate. Familias enteras han tenido que reunirse miles de dólares para alquilar grúas telescópicascon tarifas que oscilan entre los 3.000 y los 5.000 dólares diarios, mientras denuncian que la maquinaria estatal ha sido insuficiente. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, sostiene que unos 2.400 cuerpos han sido recuperados «con la más alta tecnología forense» y que 231 aún no reclamados fueron enterrados individualmente, con placas de identificación, en el cementerio de La Esperanza, donde niega que existan fosas comunes.

A medida que continúa la búsqueda, la discusión también comienza a avanzar hacia los edificios que quedaron en pie, pero con daño estructural. El miedo a volver a casas destrozadas se ha vuelto tan común como el propio duelo, y muchos vecinos han empezado a calcular el coste de las reparaciones, que en los edificios residenciales pueden alrededor de $8,000 por apartamento si se considera una intervención integral, y superar los 2.000 dólares sólo para tratar fisuras. En un país donde casi las tres cuartas partes de la población vive en la pobreza, estas cifras hacen que la reparación sea una decisión casi inalcanzable para muchos de los afectados.

17.900 personas siguen sin hogar

Paralelamente, más de 17.900 personas han quedado sin hogar y son atendidos en 87 «campamentos de transición» creados por el Gobierno, que han ido sustituyendo refugios improvisados ​​en parques y plazas por espacios cerrados como estadios deportivos y escuelas, aunque persisten las tiendas de campaña en algunas zonas. Las organizaciones humanitarias insisten en que la prioridad sigue siendo el agua potable, los alimentos y los suministros de higiene.

El comercio en La Guaira, por su parte, comienza a dar tímidos signos de reactivación. En Caraballeda, sólo tres negocios han reabierto sus puertasmientras que en Macuto, menos afectada, la actividad se recupera más rápidamente. En paralelo, cientos de personas continúan ingresando a edificios inhabitables para rescatar electrodomésticos, colchones y otras pertenencias antes de que las estructuras terminen de derrumbarse o sean saqueadas.

La conectividad aérea también comienza a normalizarse tras el cierre de la Aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, dañados por los terremotos. Este jueves Iberia reanudó sus vuelos entre Madrid y el aeropuerto alternativo de Valencia, con dos frecuencias semanales. Plus Ultra y TAP han hecho lo mismo, así como Copa o Aviaca. Latam volará a Barcelona (Anzoátegui).

Fondos de reconstrucción

En cuanto a la reconstrucción, el Gobierno ha abierto un fondo con 200 millones de dólares iniciales, y ha pedido a empresas privadas que construyan viviendas «de forma acelerada». Además, países como Estados Unidos o Israel han presentado planes o recursos para esa próxima etapa, además del dinero prometido por bancos internacionales como CAF.

El plan «Venezuela Renace» quedó en manos de la exministra Jackeline Faría, designación que ha generado escepticismo dado su historial liderando proyectos millonarios de infraestructura pública que nunca llegaron a concretarse.

La organización Transparencia Venezuela lanzó la plataforma rutadeayuda.org para monitorear en tiempo real la ayuda humanitaria recibida, que hasta el momento suma 694 millones de dólares de 37 países, 68 organizaciones y varias empresas. Su directora, Mercedes De Freitas, advirtió que la corrupción que provoca la crisis venezolana «no va a parar para cuidar el dinero que viene por donaciones» y pidió a organismos como la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial exigir mayor transparencia en el destino de los fondos que se canalizan a través del gobierno interino de Delcy Rodríguez.