El ex consejero de la justicia, Salome Pradas y Emilio Argüeso, han recurrido al Tribunal Provincial de Valencia, su imputación en el caso abierto por la tragedia que ocurrió el 29 de octubre de 2024, cuando la Dana (depresión aislada en altos niveles) causó graves inundaciones en la región, lo que resultó en la muerte de 225 personas.

Pradas, que ocupa la posición de investigación en este caso, niega ser el más responsable de la emergencia, argumentando que el delegado del gobierno, Pilar Bernabé, compartió los poderes en la administración de la crisis a través del Comité de Coordinación y Operaciones (CECOPI), un órgano que administró la emergencia. La defensa de Pradas asegura que las competencias del gobierno central en la protección civil también deben tenerse en cuenta, y argumenta que la falta de canalización de ríos como el barranco de Poyo y la presa Chesté, trabaja no ejecutada por administraciones anteriores, fue la causa principal de la tragedia.

Además, Pradas denuncia la «jungla normativa» entre las diferentes administraciones, lo que impidió una respuesta efectiva a la emergencia. El ex consejero critica que no hay protocolos claros para la acción, especialmente en relación con el sistema de alerta está alerta y la falta de coordinación entre 112 y las agencias de protección civil.

Por su parte, Emilio Argüeso insiste en que 112 no envió el aviso de alerta correspondiente al Cecopi durante la tarde y la noche del 29 de octubre, lo que agravó la crisis. En su apelación, Argüeso cuestiona que la persona responsable de 112 no ha sido llamada a declarar como investigada, a pesar de la gravedad de la omisión. Además, afirma que no tenía competencia en el envío o el contenido de los mensajes de alerta.

Ambos acusados ​​exigen que la forma apropiada de abordar las responsabilidades no es el criminal, sino el contencioso administrador, señalando que el proceso judicial está conduciendo a una frustración de las víctimas. Según sus defensas, el procedimiento penal, por su complejidad y duración, podría llevar años y no garantiza la justicia para las familias afectadas.

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