La Fiscalía defiende la legalidad de la investigación contra Sito Miñanco
El Ministerio Fiscal ha defendido este martes en su informe que la investigación policial que acabó con la incautación de alrededor de 4 toneladas de cocaína que presuntamente trataba de introducir en España la organización del ‘narco’ gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, no fue prospectiva y que las escuchas y sonorizaciones contaban con autorización judicial y no hubo alteraciones o manipulaciones de las mismas.
Así se ha pronunciado en su turno de informe en este juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra Sito Miñanco, el abogado Gonzalo Boye y una cincuentena de personas por delitos que van desde el tráfico de droga al blanqueo de capitales, y por el que la Fiscalía pide para el capo una pena de 31 años y medio de cárcel.
Ha señalado que la organización tenía un potencial económico claro, dado que se incautaron 900.000 euros en Barajas, contrataron dos expertos en telecomunicaciones, compraron teléfonos satelitales, y trataron de importar casi 4 toneladas de cocaína -«eso no es barato»–. «No estamos ante una investigación prospectiva ni causa general sino que la investigación se prolongó en el tiempo porque la organización investigada necesitó, a su vez, ese tiempo para desarrollar su actividad delictiva.», ha apostillado.
Y ha explicado que la envergadura de las operaciones de entrada de droga necesitó de muchos meses para armar la estructura logística, y que por tanto la investigación, que arrancó en 2016, necesitó tiempo también para recabar pruebas, por lo que no cabe argumentar por las defensas que se han dado dilaciones indebidas.
Sobre si el procedimiento se inició a raíz de otros procedimientos de los que se habría nutrido, ha explicado que es algo que las defensas dicen de forma recurrente, y ha considera que «no hay dato objetivo alguno que lo ampare«. De haber investigación previa.
En cuanto a los dispositivos instalados para grabar a los encausados, ha señalado que tenían autorización judicial, que no se grabó todo, que el chalé sonorizado estaba vinculado a una inmobiliaria que era de Sito Miñanco, que los investigados desconectaban los dispositivos móviles al entrar, que realizaban reuniones en la «clandestinidad» y que no era un domicilio familiar.
«Era un piso franco, un centro de operaciones, (…) nadie vive allí y tenía un carácter logístico«, ha explicado. Además, ha indicado que lo captado siempre tuvo relación con la operativa de introducción de droga por medio del buque Thoran.
«Todos los autos que acuerdan las observaciones telefónicas y las escuchas ambientales vienen precedidos del pertinente oficio y están motivados no solo por la resolución judicial, sino también por remisión al mismo oficio», ha apuntado para luego señalar que el Ministerio Público, si bien conoce «sobradamente» los requisitos que regulan las sonorizaciones, «es prácticamente imposible concretar los encuentros objeto de sonorización a un día y una hora determinados», dado que una exigencia de esta naturaleza «haría inaplicable e ineficaz esta medida»
Con todo, ha subrayado que la medida fue «proporcional». «Sólo podemos concluir que esta medida acordada fue proporcional al delito que se estaba investigando», ha resaltado para decir que el derecho a la intimidad «no puede servir de parapeto a la impunidad de conductas delictivas tan graves como las que aquí estamos enjuiciando».
Escuchas no manipulables
También ha defendido la legalidad de las escuchas en vehículos y ha apuntado que los autos que autorizaban las mismas «acotaba el objeto de la intervención al conjunto de encuentros mantenidos por los procesados», entre ellos Prado Bugallo y sus hombres de confianza Luis Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández.
Por otro lado ha sostenido que las grabaciones se almacenaban en un servidor policial, y que las mismas no se pudieron manipular ni alterar. «Modificar la tecnología que se emplea en las escuchas ambientales se puede considerar a nuestro juicio un sistema de grabación de alta seguridad y difícil por no decir absolutamente imposible manipulación sin que sea detectada la persona», por lo que la cadena de custodia está garantizada.
Al inicio de la sesión, la defensa de Gonzalo Boye ha modificado sus conclusiones para pedir la nulidad de las actuaciones respecto de la pieza reservada número 7 (teléfono y correo del letrado) al entender que ha quedado acreditado que durante la entrada y registro de su despacho profesional le fueron incautados documentos de su estrategia de defensa y por lo tanto se habrían vulnerado sus derechos fundamentales.
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