la izquierda cree que hay margen y la derecha rechaza introducir «retoques menores»
Asturias afronta una semana clave en la negociación de la reforma de la financiación autonómica, un sistema pendiente de renovación desde 2014 mediante el que el Estado reparte entre las comunidades los recursos para sostener los servicios públicos.
[–>[–>[–>El Gobierno central trata ahora de atraer a las regiones que rechazan su propuesta y pide al Principado que siga negociando, mientras en Asturias se abre una clara división política: la izquierda reclama a Adrián Barbón que aproveche el margen para mejorar el acuerdo y la derecha rechaza cualquier acercamiento a un modelo que considera pactado previamente con los independentistas.
[–> [–>[–>El nuevo modelo contempla una inyección adicional de 21.000 millones de euros para el conjunto de las autonomías, de los que Asturias recibiría al menos 248 millones, una cifra que podría acercarse a los 400 millones si finalmente se incorpora el fondo de compensación comprometido por el Ministerio de Hacienda.
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El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha intensificado en los últimos días los contactos con las comunidades críticas. El pasado viernes Hacienda remitió un borrador del acuerdo que se someterá a votación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del próximo 29 de julio y reiteró su voluntad para negociar y así poder buscar el apoyo, al menos, de los gobiernos socialistas de Asturias y Castilla-La Mancha.
[–>[–>[–>Este martes, se celebrará una reunión técnica para analizar el texto, dentro de una ronda de contactos con la que el Ministerio busca sumar apoyos antes de la cita decisiva. Por ahora, el único respaldo asegurado es el de Cataluña, suficiente para sacar adelante la propuesta en el CPFF. Luego, la misma necesitaría el aval del Congreso, para lo que el Gobierno no tiene los apoyos garantizados.
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En Asturias, el debate político se recrudece a las puertas de esas reuniones. Aunque la mesa asturiana de financiación —en la que participaron todos los partidos salvo Vox— respaldó el rechazo del Principado al modelo, las posiciones empiezan a divergir sobre la estrategia que debe seguir el Gobierno regional.
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[–>El Principado, de momento, asegura que evaluará «en detalle» la documentación remitida, pero mantiene que votará no «si la propuesta no responde a los planteamientos de Asturias», que pide que se tenga en cuenta factores como el envejecimiento de la población o el coste real de la prestación de los servicios públicos. Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA, añade que «si no cumple (el Gobierno), la respuesta será negativa».
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La izquierda pide seguir negociando
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Los grupos situados a la izquierda del PSOE, incluido IU, socio minoritario del Ejecutivo, consideran de forma clara que todavía existe margen para mejorar el texto.
[–>[–>[–>«Creemos que sigue habiendo margen para negociar y mejorar el modelo. La propuesta no es nuestra propuesta, pero entendemos que sí tiene elementos importantes y positivos, como ese incremento de 21.000 millones para la financiación de las comunidades autónomas», señaló Xabel Vegas, portavoz de Convocatoria por Asturias.
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En términos similares se expresó Covadonga Tomé, del Grupo Mixto: «Entendemos que no hay mucho margen de negociación. Aun así, el poco margen que haya habrá que aprovecharlo y, si no se mejoran las condiciones, decir no a este modelo de financiación».
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La derecha rechaza cualquier negociación
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PP y Vox mantienen una posición mucho más contundente y rechazan cualquier negociación sobre un texto que consideran previamente acordado con ERC. Las comunidades del PP ya rechazaron las reuniones bilaterales que promovió Hacienda.
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«Asturias no puede negociar sobre un modelo escrito al dictado de los independentistas», afirmó el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, quien considera que el Principado «se ha apartado» de los acuerdos de la mesa de financiación y de la Declaración de Santiago, suscrita por ocho comunidades para reclamar un sistema que tenga en cuenta factores como la dispersión, la orografía o el coste real de los servicios.
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Para Queipo, «cualquier reforma del sistema de financiación autonómica debe comenzar desde cero. No aceptamos que se utilice como punto de partida un texto pactado previamente con ERC y que después se pretenda que el resto de comunidades simplemente lo validen o introduzcan retoques menores».
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Vox mantiene la misma línea. «No vamos a admitir negociación alguna con quienes entregan el principio de solidaridad a las exigencias de los que quieren entronizar la ordinalidad», aseguró el diputado Gonzalo Centeno.
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También Foro rechaza el planteamiento del Ministerio. Su portavoz, Adrián Pumares, sostiene que la propuesta de Hacienda «no cambia nada y perjudica claramente a Asturias».
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Lo que dicen los expertos y la cesión de IRPF
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Ángel de la Fuente, economista asturiano, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y una de los mayores expertos en financiación autonómica, cree sobre el papel sí podría haber margen para la negociación, pero considera que el Gobierno «no parece que lo quiera usar». Para De la Fuente, el «elefante en la habitación» sigue siendo el pacto con ERC y el PSC para la investidura de Salvador Illa, que contemplaba que en 2029 la Generalitat asumiese el 100% del IRPF.
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Con el nuevo modelo, de momento, por IRPF se cedería el 55% y por IVA el 56,5%. «Con esos márgenes se podría negociar, pero no parece que vaya a ser el caso. Con la situación actual, con un gobierno sin mayoría, inestabilidad y problemas judiciales, lo lógico sería dejar el cambio del sistema para la siguiente legislatura», apunta el asturiano, que también desconfía del fondo prometido para Asturias, del que se desconocen las cifras concretas. «No hay nada claro, empezó (el fondo) siendo algo interterritorial y esto es distinto. Hablaríamos de financiación específica», destaca.
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Santiago Álvarez, profesor de Hacienda Pública y Sistema Fiscal en la Universidad de Oviedo, rechaza que haya espacio para negociar. «El modelo que conocemos solo beneficia a una comunidad, que es Cataluña, y perjudica a las demás. La propuesta tendría que cambiar radicalmente para que fuese asumible y poder negociar».
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