Por fin. Cinco años después de que miles de ancianos murieron en las residencias de Madrid durante la primera ola de Covid-19 sin ser transferidos a un hospital, La justicia comienza a moverse. Durante mucho tiempo, los familiares de las víctimas han chocado con un muro judicial: quejas que no avanzaron, los jueces que se negaron a ver la relación entre las decisiones políticas y las muertes, y responsable que solo declaró como testigos, nunca según lo investigado. Hasta ahora.

Dos jueces han decidido reabrir el caso desde otra perspectiva. Y ya hay Dos puestos de alto nivel de la comunidad de Madrid que han sido convocados como investigados. Estos son los autores de los famosos protocolos de vergüenza enviados a las residencias entre marzo y abril de 2020. Esos documentos que dicen, necesito en blanco, que Los ancianos con enfermedades terminales, deterioro cognitivo, discapacidad o cuidados paliativos no deben remitirse al hospital. Y eso, como si eso no fuera suficiente, esas órdenes solo se aplicaron a los adultos que vivían en residencias, no en las que vivían en casa.

El resultado fue trágico: 7.291 personas murieron En las residencias de Madrid sin ser transferido a los hospitales. Casi el 80% de los fallecidos más grandes en esos centros nunca tuvieron acceso a una cama de hospital.

¿Qué crimen se investiga ahora?

Hasta ahora, las quejas se basaban en crímenes como homicidio imprudente u omisión del deber de alivio, pero esas formas Ellos no prosperaron. ¿Porque? Porque es muy difícil de demostrar, en cada caso, que una persona murió por no ser transferida, y no por la inevitable gravedad del virus.

Pero ahora el enfoque ha cambiado. Se investiga un crimen diferente, más claro y directo: Denegación discriminatoria de un beneficio de salud pública. Es decir, si un cargo público impide que una persona reciba atención médica por razones discriminatorias (como su edad, su discapacidad o su enfermedad), puede enfrentar condenas de prisión y descalificación para ejercer puestos públicos.

Y Eso es justo lo que contenían estos protocolos: Una detección de salud, dependencia y discapacidad. No fue una saturación específica del sistema de salud. Era una orden escrita. Una instrucción clara y deliberada.

¿Quién dio la orden?

Uno de los firmantes de esos documentos, Carlos MurYa ha señalado que no actuó solo. Los escribió, pero recibió instrucciones y la aprobación de sus superiores. Los familiares de las víctimas exigen que la investigación se amplíe a la cadena de comandocomenzando con los directores de salud e interiores, y Llegando al presidente Isabel Díaz Ayuso, Eso fue a cargo del gobierno regional.

Hasta ahora, ningún caso judicial había querido llegar tan lejos. Se investigó el personal de las residencias: médicos, enfermeras, auxiliares. Ninguno fue condenado. Muchos hicieron lo que pudieron, sin recursos y sin apoyo. Pero los responsables de las decisiones políticas permanecieron fuera de foco.

Hoy, por primera vez, Justice los mira directamente.

¿Y ahora que?

Ahora comienza una nueva etapa. Los cargos antes mencionados tendrán que declarar según lo investigado, no como testigos. Ya no pueden estar en que solo redactaron documentos técnicos. Tendrán que explicar Quién dio la orden, por qué miles de personas del sistema de salud fueron excluidas, Y quien asumió la responsabilidad dejar salir sin atención a los que más la necesitaban.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas continúan luchando. No piden venganza. Piden verdad, justicia y responsabilidades. Porque alguien decidió que ciertos ancianos no merecían ser salvados. Y eso no puede ser impune.