La Justicia de Ecuador niega el ‘habeas corpus’ al exvicepresidente Jorge Glas
– Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov
MADRID 29 dic (EUROPA PRESS) –
La Justicia ecuatoriana ha denegado al exvicepresidente Jorge Glas, condenado a 13 años de prisión por corrupción, la solicitud de habeas corpus presentada por su defensa, una decisión que llega dos días después de que el propio Glas alegara «tratos crueles y degradantes» durante su reclusión en una prisión de máxima seguridad, donde asegura que su estado de salud se ha deteriorado.
«No está establecido en el sentido estricto del estado de los informes, médicos y tratamientos clínicos, psiquiátricos y psicológicos, que exista una situación grave o que se determine la necesidad de llevar al señor Glas a una residencia de salud», ha dictaminado el juez Jean Daniel Valverde, según informa el diario ecuatoriano ‘Primicias’.
Valverde también ha afirmado que «no existe vulneración de derechos» contra el exvicepresidente, que, de esta forma, deberá seguir cumpliendo condena en el penal de Encuentro, en la ciudad de Santa Elena.
Glas afirmó tener atención sanitaria limitada e insuficiente y denunció haber sido víctima de «tratos crueles y degradantes», así como de «tortura psicológica sistemática».
El que fue vicepresidente de Rafael Correa en 2013 y con Lenín Moreno en 2017 cumple dos condenas por cohecho y asociación ilícita en los casos Obedrecht y Cohecho. También está condenado a trece años de prisión en el caso Reconstrucción de Manabí.
Luego de haber cumplido parte de una condena conjunta por delitos de corrupción, Glas pudo acceder a un régimen de prelibertad con ciertas condiciones, hasta que en diciembre de 2023 ingresó a la embajada de México. En abril de 2024 fue expulsado por la fuerza de esa sede diplomática, pese a haber recibido asilo del Gobierno mexicano, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador.
Tras su detención, el exvicepresidente fue trasladado al penal de máxima seguridad conocido como La Roca, en el suroeste del país, y ya este año fue condenado a 13 años de prisión por un presunto delito de malversación de fondos en el citado caso ‘Reconstrucción de la provincia de Manabí’, relacionado con la gestión tras el terremoto de 2016.
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