El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado a la Comunidad de Madrid iniciar «inmediatamente» la creación del registro de objetores de interrupciones voluntarias del embarazo.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto.

El tribunal precisa que, si bien la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los procedimientos administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, de conformidad con la normativa vigente.

El Ministerio recurrió a la vía judicial porque Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley.

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