La ruta atlántica ha experimentado un importante retroceso, especialmente en la segunda mitad del año, coincidiendo con la implantación de nuevos mecanismos de control migratorio en Mauritania.

Sin embargo, La ruta argelina del Mediterráneo occidental ha registrado un aumento constante en los flujos migratorios, hasta consolidarse como el principal espacio de tránsito hacia España, principalmente por la llegada de ciudadanos argelinos.

Desde la represión del movimiento juvenil de protesta Hirak en Argelia durante 2019 y 2020, y la mala relación diplomática con España desde 2021, el número de argelinos llegados por esta vía ha crecido, como venía denunciando el colectivo Emergencias Frontera Sur.

Sin embargo, ha sido invisibilizada institucionalmente, ya que hasta hace tres meses no era considerada oficialmente una ruta migratoria.

El Gobierno aprobó la declaración de emergencia migratoria en Baleares con una inversión de 6,75 millones de euros el 16 de septiembre de 2025.

Lo mismo ocurrió anteriormente con la ruta de las Islas Canarias: las autoridades españolas negaron sistemáticamente el tránsito a migrantes procedentes del sur de Marruecos y del Sáhara Occidental desde 2018, lo que provocó una crisis humanitaria en el archipiélago para acoger a los migrantes, que sobrevivieron durante meses en condiciones de hacinamiento y en tiendas de campaña improvisadas en los puertos de llegada.

En cualquier caso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) había alertado en varias ocasiones al Ministerio del Interior sobre este fenómeno.

En 2020, su delegación en Canarias emitió un comunicado advirtiendo de “una situación a la que los poderes políticos deben buscar una pronta solución«.

«Las mafias que trafican con personas han cambiado sus rutas de tráfico ilícito de personas, provocando que con sus nuevas rutas lleguen a nuestras costas más personas, especialmente desde Argelia, que en etapas anteriores», añadió la AUGC.

En los últimos meses, la ruta de Alborán ha descendido, desde el norte de Marruecos hasta la península, pero Ha aumentado el intento de jóvenes y adolescentes de nadar en Ceutauna de las formas de tránsito más peligrosas, ya que implica hasta siete u ocho horas de travesía.

Se trata principalmente de ciudadanos marroquíes, pero también hay argelinos. En 2025 también se ha observado un aumento de los intentos de llegar a Melilla a nado.

Más de tres mil víctimas

Sin embargo, el descenso del número de inmigrantes llegados a España durante 2025 no ha implicado una reducción de los peligros a los que se enfrentan las personas en ese tránsito.

El reciente informe ‘Monitoreo Derecho a la Vida 2025’ de Caminando Fronteras documenta 3.090 víctimas en las vías de acceso a España durante 2025. De ellos, 192 eran mujeres y 437 menores, procedentes de 30 países.

Los meses de enero y febrero registraron el mayor número de muertes, probablemente debido a la tormenta en rutas largas y peligrosas. A las muertes hay que sumar los desaparecidos en 70 embarcaciones.

La ruta atlántica hacia las Islas Canarias sigue siendo la más peligrosa, pero también el que conecta Argelia con Baleares, que ha aumentado en los últimos años. Ambos dejaron más de mil muertos el año pasado.

El paso desde Alborán a la costa andaluza o desde el noroeste de Marruecos a través del Estrecho sigue estando estrechamente controlado por las fuerzas de seguridad marroquíes, que reciben dinero de la Unión Europea a través de la Fundación para la Interiorización de las Administraciones Públicas (FIAP) en España para el control migratorio.

Externalización de fronteras en el Sahel

Precisamente, la externalización de fronteras ha descendido al Sahel, gracias a las políticas europeas y españolas.

España tiene efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil desplegados en Mauritania, Senegal y Gambia, en cooperación con las policías locales para luchar contra las mafias que trafican con personas.

En concreto, operan Equipos Conjuntos de Investigación (JIT), Asociaciones Operativas Comunes (COP) o GARSI Sahel, que «han contribuido a reforzar las estructuras del Estado de derecho, luchar contra el tráfico ilícito de seres humanos, vigilar las fronteras y combatir el crimen organizado y el terrorismo» en los países africanos, explicó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Jozef Sikela, comisario europeo de Asociaciones Internacionales, en una reunión que mantuvieron en Madrid en mayo de 2025.

Además de ayudas económicas y financieras y la entrega de equipamiento, la ministra pidió la presencia de Frontex sobre el terreno en estos países y abogó por introducir cambios en la normativa de la Agencia Europea, cuya revisión está prevista este año, con el objetivo de reforzar su dimensión exterior y dotarla de los instrumentos necesarios para alcanzar acuerdos de cooperación con terceros países.

“La cooperación es crucial para garantizar la seguridad en África y, por extensión, en Europa”, subrayó Grande-Marlaska.

Estas políticas represivas han provocado que embarcaciones precarias partan desde países de la costa atlántica africana más alejados de Europa, como Mauritania, Senegal, Gambia y Guinea Conakry.

“La externalización de fronteras ha consolidado un marco de cooperación internacional que convierte el control migratorio en un negocio transnacional, capaz de comercializar el derecho a la movilidad desde el origen hasta el destino”, denuncia la ONG Caminando Fronteras.

Estos mecanismos, añade, «operan mediante una combinación de vigilancia, detención y explotación laboral, configurando un sistema que no sólo controla el derecho a la circulación, sino que también obtiene beneficios políticos y económicos de esa restricción».