La ministra de justicia de Reino Unido pide endurecer el convenio europeo de derechos humanos para acelerar las deportaciones de delincuentes extranjeros
La ministra de Justicia del Reino Unido, Shabana Mahmood, ha urgido este miércoles a los países miembros del Consejo de Europa a endurecer el Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH) para acelerar las deportaciones de los delincuentes extranjeros. En un discurso ante el comité de ministros del organismo en Estrasburgo, Mahmood ha alertado de que algunos criminales se están aprovechando de las protecciones en materia de derechos humanos para permanecer en el Reino Unido, algo que está «desmoronando» la confianza de los ciudadanos. Las palabras de la ministra han evidenciado una vez más el tono cada vez más duro del Gobierno laborista en materia migratoria.
«Existe una percepción cada vez más extendida —a veces errónea, a veces basada en la realidad— de que los derechos humanos ya no son un escudo para los vulnerables, sino una herramienta para que los delincuentes eludan su responsabilidad«, ha asegurado Mahmood. «El Convenio se redactó para proteger a las personas del poder arbitrario del Estado, pero en el mundo actual las amenazas a la justicia y la libertad son más complejas. Pueden provenir de la tecnología, la delincuencia transnacional, la inmigración descontrolada o los sistemas jurídicos que se alejan del consenso público«, ha añadido.
Reformas legislativas
El Gobierno británico está impulsando una modificación de sus leyes para impedir que algunos presos puedan acogerse al artículo 8 del CEDH y evitar ser extraditados a sus países de origen alegando que se está vulnerando su derecho a la vida privada y familiar. «Vemos casos en los que las personas invocan el derecho a la vida familiar, incluso después de haber descuidado o dañado esos mismos lazos familiares», ha afirmado la ministra. En otros casos, ha señalado, algunos prisioneros han hecho referencia al mismo artículo para evitar que el personal penitenciario les traslade a centros de aislamiento.
El discurso de Mahmood se ha producido apenas unos días después de la emisión de un reportaje del canal ‘ITV’ que cuenta como dos ciudadanos brasileños fugados de la justicia en su país han evitado la extradición desde el Reino Unido alegando la posibilidad de sufrir maltratos en las prisiones brasileñas. Uno de ellos fue condenado por violar a una niña pequeña y el otro por asesinato. «Nos están tomando por tontos. Gran Bretaña está siendo víctima de esto. Es absolutamente escandaloso. No podemos ser un refugio seguro para violadores y asesinos porque las cárceles de su país no son agradables. Ese no es nuestro trabajo», ha asegurado la líder del Partido Conservdor, Kemi Badenoch.
Tanto los ‘tories’ como el partido populista Reform UK se han mostrado partidarios de abandonar el CEDH para esquivar las trabas judiciales en materia migratoria. Unas trabas a las que ya se enfrentó el anterior Gobierno conservador cuando trató de poner en marcha las deportaciones forzosas de inmigrantes irregulares a Ruanda. El plan fue tumbado por el Tribunal Supremo y descartado posteriormente por los laboristas cuando llegaron al poder.
Presión de la derecha
Pero la presión de la derecha ha obligado al Gobierno a adoptar posiciones más duras en este ámbito. La vinculación de la inmigración con la criminalidad es cada vez más recurrente en el discurso del primer ministro, Keir Starmer, quien ha sacado pecho por aumentar las deportaciones en un 14% desde su victoria en las elecciones del pasado julio. La preocupante saturación de las cárceles de Inglaterra y el número creciente de llegadas de inmigrantes a través del Canal de la Mancha está poniendo contra las cuerdas a los laboristas, quienes temen que los populistas de Reform UK les ganen la batalla electoral en sus antiguos bastiones.
En su discurso en Estrasburgo, Mahmood ha asegurado que el Gobierno británico sigue «comprometido» con el Consejo de Europa y con el CEDH, pero ha remarcado que el compromiso no significa «complacencia». «Cuando la gente piensa que los derechos sólo existen para proteger a quienes infringen las normas, y no a quienes las cumplen, aquellos que socavan la idea misma de los derechos humanos universales —los populistas— ocuparán ese espacio que dejamos vacío».
A pesar de los riesgos que la modificación del Convenio puede tener en la pérdida de los derechos legítimos de los ciudadanos en otros muchos casos, la ministra ha pedido tomar cuanto antes cartas en el asunto para lograr un «equilibrio» entre los derechos individuales y el interés público. «La reforma debe ser un esfuerzo político compartido entre nosotros, los Estados miembros, para preservar nuestro Convenio renovando su fundamento moral y democrático. Es una conversación que debemos tener hoy y en los próximos meses», ha sentenciado.
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