la mitad de las medidas no han llegado al Congreso tras dos años
En el hemiciclo del Congreso se escucharon el miércoles ecos del pasado. Pedro Sánchez subió a la tribuna para dar cuenta de los presuntos casos de corrupción en su entorno y de la situación judicial de quien fuera su hombre fuerte, José Luís Ábalos, y su exasesor Koldo García. Durante varias horas se sucedieron ataques, críticas, alguna excusa y llamadas a retomar la acción legislativa, pero también hubo quien recordó otra comparecencia de Sánchez, dos años atrás. En julio de 2024, en un intento de superar la crisis originada por la supuesta corrupción de Santos Cerdán, el jefe del Ejecutivo anunció el Plan de Acción por la Democracia. Dos cursos políticos después, la mitad de las medidas siguen atascadas en el Congreso y la otra mitad aún no han llegado a la Cámara Baja.
[–>[–>[–>Ante unos socios que le dieron un tirón de orejas, por la falta de impulso legislativo, pero que no le dejan caer, el propio Sánchez aseguró que «desplegar estas medidas no es fácil», aunque se mostró convencido de que «funcionarán». No obstante, para que funcionen deben poder debatirse y aprobarse, y para ello tiene que ser el propio Gobierno el que remita al Congreso los proyectos de ley que las contengan. Cerca de la mitad de las medidas dependen de iniciativas que aún no han sido aprobadas por el Consejo de Ministros, mientras que la otra mitad parmanece olvidada en un cajón del Congreso.
[–> [–>[–>Sin fecha
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De aquel plan que Sánchez anunció para mejorar la prensa de este país y acabar con la «máquina del fango», el Gobierno tiene en tramitación cinco anteproyectos de ley distintos. El primero que verá la luz es el proyecto de ley de Integridad Pública, que será aprobado por el Consejo de Ministros este lunes y remitido al Congreso. En esta norma, que incorpora el plan anticorrupción que Sánchez anunció hace un año, se incluye un refuerzo del régimen sancionador de los partidos por presentar incorrectamente sus cuentas, una medida que el presidente ya incluyó en su propuesta de julio de 2024.
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Del resto, no se sabe cuándo llegarán. El Ejecutivo trabaja en un proyecto de ley de Administración Abierta que incluiría la obligación legal de que todas las administraciones rindan cuentas ante las Cortes Generales cada seis meses. También está pendiente el proyecto de ley de Publicidad del Sector Público, con el que se pretende crear un registro de medios de comunicación, con información sobre su propiedad y los fondos públicos que reciben, fijando un límite a estos ingresos del 35% de la cifra anual de negocio. Además, obligará a las instituciones públicas a publicar el destino de su inversión publicitaria.
[–>[–>[–>En manos del poder legislativo
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«Hay muchas de esas medidas que están hoy aquí, en el Parlamento, y esperamos que puedan salir adelante, y eso, evidentemente, compete al poder legislativo, no al poder ejecutivo en exclusiva», se defendió Sánchez en la comparecencia del pasado miércoles. Y es cierto que hay una decena de leyes ya registradas en la Cámara Baja que fueron expuestas por el jefe del Ejecutivo en 2025. No obstante, algunas de ellas siguen bloqueadas por el propio Gobierno.
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Pese a las promesas realizadas a sus socios sigue sin avanzar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, la derogación parcial de la Ley de Seguridad Ciudadana -conocida como ‘Ley Mordaza’- o el proyecto de ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés con el que se pretende regular la relación del Gobierno y de la Administración General del Estado con los ‘lobbies’. En la misma situación se encuentra el proyecto de ley de gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación.
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[–>Entre las propuestas planteadas por Sánchez también figuraba una reforma del Reglamento, largamente exigida por el PP, para hacer obligatorio el debate sobre el estado de la nación, pero pese a contar con mayoría, el Ejecutivo la mantiene bloqueada. Algo similar ocurre con una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para hacer obligatorios los debates electorales.
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Cambios a corto plazo
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A corto plazo solo se esperan dos avances de aquel plan. Por un lado, los partidos del Gobierno confían en aprobar en julio o septiembre, a más tardar, un cambio en el Código Penal para despenalizar las ofensas a la Corona, a los sentimientos religiosos o al Gobierno, entre otros. También se dará el visto bueno a una reforma del Reglamento de la Cámara para sancionar la presentación de datos falsos en las declaraciones de bienes de los diputados. Más de dos años después, serán las primeras medidas de aquel plan que apruebe el Congreso.
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