MADRID 30 de junio (PRENSA EUROPA)-

Una coalición de 25 estados y el capitalino Distrito de Columbia han demandado a la Administración de Donald Trump por una nueva norma que reduce «drásticamente» las exenciones de requisitos relacionados con el trabajo para «algunos de los beneficiarios más vulnerables» del programa de asistencia médica Medicaid.

Según la demanda, presentada el lunes en un tribunal de distrito federal en Massachusetts y reportada por el portal de noticias The Hill, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han violado las protecciones establecidas por el Congreso al emitir una norma final provisional sobre quién es elegible para exenciones de los nuevos requisitos laborales de Medicaid.

La demanda alega que la Administración ha adoptado una norma que «reduce drásticamente las exclusiones de requisitos laborales establecidas por el Congreso para algunos de los beneficiarios de Medicaid más vulnerables», que incluirían a personas «médicamente frágiles», un grupo elegible para exenciones laborales.

En cambio, la controvertida regulación vincula implícitamente dicha fragilidad médica con la capacidad de una persona para trabajar. Por lo tanto, para ser elegible para una exención, una persona debe demostrar que su condición le impide cumplir con el requisito laboral.

Además, los nuevos requisitos laborales, que entrarán en vigor en enero, exigen que los beneficiarios de Medicaid trabajen o sean voluntarios al menos 80 horas al mes, asistan a la escuela menos de tiempo parcial o participen en capacitación laboral.

En este contexto, los estados demandantes alegan que la nueva norma hará que las personas que ya trabajan o que son elegibles para una exención pierdan o se les niegue la cobertura de Medicaid, porque «crea nuevos requisitos que limitan quiénes están exentos debido a su condición de salud y obliga a las personas con problemas de salud que necesitan atención médica a superar obstáculos administrativos innecesarios para obtener y mantener una cobertura de salud vital».

La normativa, publicada a principios de junio, pretende guiar a 42 estados y al Distrito de Columbia en la aplicación de las normas laborales establecidas por la ley presupuestaria ‘One Big Beautiful Bill’, que estaría destinada, según miembros del Partido Republicano y de la Administración Trump, a combatir el despilfarro, el fraude y el abuso en el programa Medicaid.