Según los últimos datos de asociaciones empresariales y mutualidades laborales, él absentismo en españa está en niveles récord: más del 7% de los trabajadores están ausentes cada díalo que equivale a más de un millón de personas ausentes simultáneamente. Si se suman los días perdidos, el resultado es devastador: el país pierde el equivalente a más de 1,2 millones de empleos anualmente en horas no trabajadas.

El coste directo para las empresas supera los 25.000 millones de euros al añosin contar los daños colaterales sobre productividad, retrasos, horas extras o sustituciones. En un país donde la competitividad ya sufre de rigideces laborales, inflación persistente y presión fiscal creciente, esta fuga se convierte en un factor de empobrecimiento nacional.

Nadie niega que un trabajador que esté enfermo o tenga una situación familiar grave debería poder disfrutar de un tiempo libre. Pero El derecho legítimo es una cosa y la cultura de la evasión institucionalizada es otra muy diferente.

«Una sociedad que normaliza el ‘vivir del cuento’ o el ‘si cabe, encaja’ se aleja de la prosperidad»

Hay quienes convierten una ligera molestia en una baja laboral de dos semanas, quienes aprovechan un fin de semana largo o un partido de fútbol para alargar «casualmente» su convalecencia, quienes logran obtener la baja laboral por algún motivo porque no quieren cumplir con las obligaciones laborales de su puesto de trabajo, y quienes consideran el trabajo como una carga que debe evitarse en cuanto la ley lo permite.

Esta diablura –disfrazada de derecho social– acaba minando la confianza entre empresa y empleado, y genera un ambiente de sospecha que perjudica a todos. El trabajador honesto se siente agraviado; el empresario impotente y el sistema inviable.

Cada día de ausencia injustificada es una fractura en la cadena productiva. Las pymes, que constituyen el 99% del tejido empresarial, no pueden simplemente «sustituir» a las que faltan: deben redistribuir tareas, pagar horas extras, reducir servicios o perder clientes.

El resultado no es sólo económico, sino también moral: se desalienta el esfuerzo, se premia la pereza y se degrada el valor social del trabajo. Mientras tanto, los países más competitivos de Europa –Alemania, Países Bajos, Dinamarca– tienen tasas de ausentismo significativamente más bajas y una ética laboral que considera el trabajo como un compromiso, no como un inconveniente.

El problema se agrava porque los poderes públicos no sólo no combaten el absentismo, sino que lo fomentan.. En lugar de promover una cultura del esfuerzo, se aprueban medidas que aumentan los días de baja, reducen los controles médicos y convierten el lugar de trabajo en un espacio de infinitos derechos y mínimas responsabilidades.

Cuando el Ministerio de Trabajo celebra cada ampliación de las licencias remuneradas sin analizar su impacto en la productividad, está sembrando el terreno para una economía menos dinámica, menos competitiva y más dependiente de los subsidios. Es la política del bondadismo caro: se da una imagen compasiva, pero se destruyen las bases del crecimiento.

Más allá de las estadísticas, el ausentismo refleja una enfermedad moral: la pérdida del valor del trabajo como elemento de dignidad y progreso personal. En España se confunde demasiado a menudo el bienestar con la ausencia de esfuerzo y la justicia social con la complacencia. Una sociedad que normaliza “vivir según la historia” o “si encaja, encaja” se aleja de la prosperidad. Ninguna economía sostenible puede construirse sobre la base del engaño, la simulación y la renuncia a la responsabilidad individual. El trabajador que abusa del sistema daña tanto como el político que lo protege.

A menudo se culpa a los empleadores de la precariedad o la rigidez, pero rara vez se recuerda que las empresas soportan el costo del ausentismo sin herramientas efectivas para prevenirlo o corregirlo. Cuando un empleado tiene una serie de bajas médicas dudosas, el empleador no puede sustituirlo sin riesgo de sanción, ni despedirlo sin un laberinto judicial. Resultado: pagar dos salarios (al reemplazado y al sustituto), asumir toda la carga tributaria y soportar la pérdida de productividad. Es un modelo que castiga a quienes crean empleos y protege a quienes los desprecian.

España necesita una nueva pedagogía del trabajo, donde el compromiso y la responsabilidad vuelvan a ser virtudes cívicas. Las leyes deben proteger al trabajador, sí, pero también al empleador. Luchar contra el absentismo no es «ir contra los derechos», sino defender el derecho de todos a trabajar en una economía viable.

Se requiere una política laboral que premie la puntualidad, la perseverancia y la honestidad, y que castigue los abusos con rigor, no con tibieza. La prosperidad de un país no se construye con discursos ni subsidios, sino con millones de personas que cada mañana cumplen con su deber.