MADRID, 16 dic (EUROPA PRESS)-

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha criticado que el contenido de los recientes decretos aprobados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre el estado de shock externo permanezca inédito, por lo que esta opacidad «los protege del escrutinio y dificulta cualquier evaluación de su compatibilidad con el Derecho Internacional».

El estado de conmoción externa está contemplado en el artículo 338 de la Constitución venezolana y se decreta en caso de conflicto externo que ponga en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones.

En concreto, la medida otorga al Gobierno poderes extraordinarios para movilizar tropas, restringir los derechos civiles y controlar los medios de comunicación. Caracas ha justificado la medida ante las tensiones en la región por las operaciones militares de Estados Unidos en aguas del Caribe contra el narcotráfico y la posible intervención de Washington en territorio venezolano.

Turk ha expresado su preocupación por «el impacto que la intensificación de la presión militar estadounidense tendrá sobre los Derechos Humanos» y ha reiterado su llamamiento a Estados Unidos para que «utilice métodos establecidos de aplicación de la ley para contrarrestar el grave problema del tráfico ilícito de drogas».

«La historia ha demostrado, una y otra vez, que cuando la confrontación se intensifica, a menudo es la gente corriente la que queda atrapada en el fuego cruzado. No los criminales ni los que están en el poder, sino la gente corriente», afirmó.

Asimismo, ha instado a los Estados que acogen o reciben a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos a «garantizar su protección internacional, dada la precaria situación de los Derechos Humanos en el país».

INTENSIFICACIÓN DE LA «REPRESIÓN DEL ESPACIO CÍVICO»

Turk también ha subrayado que «la represión del espacio cívico se ha intensificado» en los últimos meses en el país latinoamericano. «La vida pública se está militarizando aún más, aumentando el riesgo de violencia en una sociedad que ya enfrenta altos niveles de criminalidad», dijo en un comunicado.

En concreto, informó que su oficina «ha recibido denuncias de alistamiento forzoso, incluso de adolescentes y personas mayores». «Igualmente impactantes son los informes de que las autoridades alientan a la gente a denunciar a sus familiares, vecinos y compañeros de trabajo a través de una aplicación móvil patrocinada por el Estado. Estas políticas generan miedo, desconfianza y autocensura», señaló.

Además, señaló que periodistas, defensores de derechos humanos, figuras de la oposición e incluso trabajadores humanitarios continúan «enfrentando amenazas, acoso y riesgo de detención arbitraria, simplemente por hacer su trabajo».

«La reciente detención del secretario general del principal sindicato (de Venezuela) envió una señal escalofriante a los trabajadores de todo el país», dijo, en referencia a la detención de José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV).

Turk ha vuelto a expresar su preocupación por «las condiciones de detención, la persistente falta de alimentos y medicinas y la denegación de visitas familiares». «Mi oficina ha documentado al menos cinco muertes de personas detenidas en relación con las elecciones presidenciales de 2024», dijo, instando a que estos casos sean investigados «con prontitud» e independencia, incluida la muerte del opositor Alfredo Díaz.

«También hemos observado un aumento en los traslados de detenidos a lugares desconocidos, algunos de los cuales constituyen desapariciones forzadas. En tres centros de detención, Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, las personas continúan incomunicadas, sin contacto con familiares ni abogados, en flagrante violación de sus derechos fundamentales», argumentó.

Türk también ha destacado que las autoridades han intensificado las «represalias» contra familiares de disidentes. «Desde julio, mi oficina ha documentado la detención de al menos 17 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, en relación con las actividades de sus familiares. Se desconoce la suerte y el paradero de otros 12 familiares», detalló.

Si bien ha «tomado nota» de la liberación de al menos 51 personas desde su última actualización y de que al menos 23 ciudadanos extranjeros han recibido visitas consulares, ha instado a la liberación de los detenidos «arbitrariamente», entre ellos Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres y Kennedy Tejeda. Asimismo, ha pedido la liberación de cuatro adolescentes que aún se encuentran tras las rejas.

También ha expresado preocupación por los intentos de despojar a ciertas figuras de la oposición de su nacionalidad venezolana, al tiempo que ha condenado el asesinato de varios líderes indígenas en los últimos años, incluidos los casos de Virgilio Trujillo, Joaquín Hernández y, más recientemente, Cesáreo Panapera.