La «normalización» de Indra tras la abrupta marcha de Ángel Escribano es, en realidad, el proceso de consolidación definitiva del poder estatal en tecnología. El Consejo de Administración celebrado el pasado martes –el primero ordinario tras la crisis de gobernanza que sacudió a la compañía– ha dejado una lección clara: La era Bunting ha terminado y el control de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es total.

El movimiento estratégico se ha producido a la sombra de la estructura orgánica de la empresa. Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ángel Simón ha sido nombrado presidente de la Comisión Delegada Ejecutiva y de la Comisión de Estrategia. Dos citas que no son meramente protocolares; son los joysticks reales donde se cocinan las decisiones más sensibles y estratégicas de la empresa de defensa y tecnología.

De momento, el impacto de estas turbulencias en la compañía se está reflejando en la cotización de sus acciones. El mensaje que Indra proyecta al mercado es de inestabilidad y los inversores no han tardado en reaccionar. Tras un 2025 dorado en el que la cotizada se revalorizó un 178%, la crisis de gobernanza desatada a principios de 2026 se ha cobrado un amargo precio.

La acción, que rozó los 65 euros en un momento de euforia, sufre ahora el desgaste de la incertidumbre política. Actualmente cotiza en torno a los 50 euros, lo que supone una 25% de caída desde esos máximos. El mercado no perdona el ruido político ni la falta de una hoja de ruta clara, máxime cuando la sombra de la compra de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) sigue flotando sobre la compañía como una patata caliente que la Junta prefiere, de momento, no tocar.

El Gobierno se esconde

Mientras se resiente la gobernanza de una empresa estratégica para la seguridad nacional, el Ejecutivo evita rendir cuentas. Este martes, la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso intentó citar a los responsables del desastre: el responsable de asuntos económicos de la Moncloa, Manuel de la Rocha, y la presidenta de la SEPI, Belén Gualda.

La respuesta fue el silencio y la evasión. Ambos responsables del Gobierno alegaron falta de aviso en la convocatoria para no comparecer, evitando así el escrutinio parlamentario sobre la crisis de Indra, una situación que ha provocado una «guerra de guerrillas» interna desde hace casi un año y que, lejos de cerrarse, entra ahora en una nueva etapa de control estatal.

De momento, el horizonte temporal para Indra tiene marcadas en rojo dos fechas clave: el 20 de mayo, cuando se reunirá el Consejo Fijar el orden del día de la Asamblea General de Accionistas.. Tocará comprobar si la purga continúa o si empezamos a hablar de futuro. Y el 25 de junio, cuando se celebre esa Junta General de Accionistas, será, según fuentes del mercado, una fecha clave para conocer el futuro del consejero delegado, José Vicente de los Mozos. Su mandato expira en junio y, tras la llegada de Simón a las comisiones ejecutiva y estratégica, la gran incógnita que planea sobre la sede de la compañía es si el nuevo presidente permitirá que De los Mozos continúe o si se buscará un perfil más alineado con los intereses de la SEPI. De momento, Indra se mantiene en una tensa calma, a la espera de que el rodillo gubernamental termine de asentar su nueva estructura de poder.