Las administraciones tienen en marcha 80.000 pisos para alquiler asequible, el 10% de todas las que se construirán hasta 2034
El Ministerio de Vivienda, a través de Sepes, las diferentes comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen en marcha planes para construir 79.600 viviendas destinadas al alquiler asequible en los próximos años en formato de concesional o colaboración público-privada. Esta cifra apenas ha variado en el último año y supone apenas el 10% de las más de 800.000 casas de todas las tipologías que se construirán en España en los próximos diez años, según el informe ‘The Living Property Telescope’, elaborado por EY.
Estos programas son la fórmula más extendida para ampliar la oferta de vivienda en alquiler a precios por debajo de mercado. Ante la limitación de presupuestos, las administraciones se han lanzado a promover de la mano de promotores y fondos de inversión. En este tipo de programas, el sector público aporta el suelo y el privado desarrolla la obra y recibe las rentas derivadas del alquiler de los pisos durante al menos 50 años, momento en el que los inmuebles regresan al patrimonio de la administración que ha impulsado este plan.
Javier García-Mateo, socio responsable del sector Real Estate de la ‘big four’ califica como «una buena noticia» el esfuerzo de los gobiernos locales para impulsar este tipo de planes de colaboración público-privada, pero cree que «sigue siendo insuficiente para abordar el déficit de vivienda en España». El número de inmuebles residenciales en marcha en formato concesional apenas ha aumentado en un 2% en el último año. «Nuestro país necesita además incrementar la actividad de promoción de vivienda de obra nueva para su venta ante la dificultad de adoptar medidas realistas para rehabilitar el parque de vivienda existente», añade.
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A la cifra antes mencionada, hay que sumar los 10.600 pisos que pretende desarrollar en esta modalidad Sareb, cuyo control está bajo el paraguas del Gobierno a través del Ministerio de Economía. Desde EY esperan que los ayuntamientos y las comunidades «sigan ofreciendo a los promotores inmobiliarios nuevas oportunidades de colaboración público-privada para alcanzar las 188.000 unidades previstas por el Gobierno, más allá del modelo concesional».
Barreras de entrada y propuestas
El principal freno a un impulso masivo de la promoción de viviendas en colaboración público-privada está siendo la gran subida de costes que ha sufrido el sector de la construcción después de la crisis inflacionista de 2021 y 2022, la dificultad existente a la hora de estructurar y lograr financiación en los proyectos y la desactualización del precio del módulo de vivienda protegida de algunas comunidades autónomas, que en algunos casos hace inviable económicamente los proyectos, según ‘The Living Property Telescope’ de EY.
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Para solventar esto, la firma de consultoría y auditoría propone una rebaja fiscal en toda la cadena de valor de la promoción de viviendas, incluyendo la fase constructiva, donde se grava con el IVA, el impuesto sobre actos jurídicos documentados o el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, pero también de la tenencia y alquiler de las viviendas, que deben soportar el impuesto de sociedades y el IBI. Según los cálculos del sector, aproximadamente, entre el 20% y el 25% del coste de una vivienda con gravámenes de las diferentes administraciones. Además, el equipo de García-Mateo propone subvenciones para los costes de construcción y una bajada en el precio de compra de los suelos.
La inversión en vivienda y ‘flex living’ en 2024 rozará los 4.000 millones de euros
Según ‘The Living Property Telescope’ de EY, la inversión en sala de estarun anglicismo que engloba toda la inversión institucional en vivienda y fórmulas alternativas, como apartamentos con servicios o residencias de estudiantes, ascenderá a hasta 3.800 millones de euros, cifra ligeramente inferior a la registrada en 2023, cuando superó los 4.000 millones. Casi la mitad del volumen total de este año se ha destinado a estos complejos alternativos, conocidos como vida flexibledada la gran apuesta de las entidades financieras por apoyar este tipo de operaciones y las ventajas operativas de los activos, frente a la vivienda tradicional en alquiler, que debe cumplir con la normativa de la ley de arrendamiento urbano (LAU).
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